A pesar de la pandemia, después de unos lunes de descanso en Bilbao, aunque en algunos pueblos mantuvieron sus concentraciones, el 24 de agosto se celebró una manifestación a la cual concurrieron unas 5.000 personas, en su mayoría pensionistas.

El pasado lunes 7 de setiembre se retomaron las concentraciones en las tres capitales y en 70 pueblos de Euskal Herria. Concretamente en Bilbao, participaron alrededor de 500 pensionistas, lo cual ha significado de un buen comienzo para seguir con nuestras reivindicaciones.

El miedo y la consabida prevención ante los nuevos rebrotes del COVID-19 harán que presumiblemente que la asistencia y a la participación en las futuras concentraciones sea inferior a las de otras ocasiones, concentraciones seguras, iremos acudiendo con mascarillas y guardando las medidas de distancia y seguridad sanitarias.

Los pensionistas tenemos claro lo que significa la pandemia y observamos sus grandes secuelas. Los referimos a la preocupante situación de las personas dependientes en las residencias, también en las casas con sus secuelas de contagios y hospitalizaciones, contagios que también se extienden a las personas que les cuidan.

También nos preocupa como no a las madres y padres que en ocasiones nos tienen que dejar a nuestro cuidado a sus hij@s y que sus progenitores no tengan la posibilidad de dar una solución a sus problemas mediante el acceso a una baja laboral, mientras no hay una ley que lo permita.

Por ello vamos a seguir con nuestras denuncias y presentación de alternativas como un amplio informe ante la Fiscalía General del País Vasco donde se recogen las deficiencias e irregularidades que hemos venido comprobando en lo que se refiere a las residencias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Residencias que solo se ven como un negocio y que carecen de personal suficiente y especializado y con unas carencias laborales, y no solo en cuanto a una remuneración digna, sino de materiales y tiempo para atender a los residentes, que, evidentemente nos merecedoras de recibir una atención digna.

Las residencias no son almacenes de carne humana, son algo o mejor dicho deberían de ser unos centros de acogimiento de unas personas que con su trabajo generaron beneficios para los empresarios y construyeron país como a algunos políticos les gusta expresar. Las diputaciones deberían tener parte de esta preocupación que al parecer les viene de soslayo.

Tampoco vamos a permitir que, con la excusa de la pandemia, los gobiernos e instituciones centrales y autonómicas dilaten en dar una respuesta urgente a la problemática de las pensiones y más concretamente a la demanda de una pensión mínima de 1.080 euros.

Detrás del discurso ante los empresarios por parte del presidente Pedro Sánchez, se esconden las negociaciones del Pacto de Toledo y como no la de los presupuestos generales. Ahora tendremos la ocasión de comprobar hasta donde está dispuesto a llegar el gobierno de coalición tanto estatal como autonómico.

Por esto los pensionistas no podemos dejar de ocupar la calle, sabemos que nuestra presencia les incomoda y pensamos que nos tendrán presente en suys reuniones de trabajo y carteras políticas.