A pesar de la pandemia, después de unos lunes de descanso en Bilbao, aunque en algunos pueblos mantuvieron sus concentraciones, el 24 de agosto se celebró una manifestación a la cual concurrieron unas 5.000 personas, en su mayoría pensionistas.

El pasado lunes 7 de setiembre se retomaron las concentraciones en las tres capitales y en 70 pueblos de Euskal Herria. Concretamente en Bilbao, participaron alrededor de 500 pensionistas, lo cual ha significado de un buen comienzo para seguir con nuestras reivindicaciones.

El miedo y la consabida prevención ante los nuevos rebrotes del COVID-19 harán que presumiblemente que la asistencia y a la participación en las futuras concentraciones sea inferior a las de otras ocasiones, concentraciones seguras, iremos acudiendo con mascarillas y guardando las medidas de distancia y seguridad sanitarias.

Los pensionistas tenemos claro lo que significa la pandemia y observamos sus grandes secuelas. Los referimos a la preocupante situación de las personas dependientes en las residencias, también en las casas con sus secuelas de contagios y hospitalizaciones, contagios que también se extienden a las personas que les cuidan.

También nos preocupa como no a las madres y padres que en ocasiones nos tienen que dejar a nuestro cuidado a sus hij@s y que sus progenitores no tengan la posibilidad de dar una solución a sus problemas mediante el acceso a una baja laboral, mientras no hay una ley que lo permita.

Por ello vamos a seguir con nuestras denuncias y presentación de alternativas como un amplio informe ante la Fiscalía General del País Vasco donde se recogen las deficiencias e irregularidades que hemos venido comprobando en lo que se refiere a las residencias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Residencias que solo se ven como un negocio y que carecen de personal suficiente y especializado y con unas carencias laborales, y no solo en cuanto a una remuneración digna, sino de materiales y tiempo para atender a los residentes, que, evidentemente nos merecedoras de recibir una atención digna.

Las residencias no son almacenes de carne humana, son algo o mejor dicho deberían de ser unos centros de acogimiento de unas personas que con su trabajo generaron beneficios para los empresarios y construyeron país como a algunos políticos les gusta expresar. Las diputaciones deberían tener parte de esta preocupación que al parecer les viene de soslayo.

Tampoco vamos a permitir que, con la excusa de la pandemia, los gobiernos e instituciones centrales y autonómicas dilaten en dar una respuesta urgente a la problemática de las pensiones y más concretamente a la demanda de una pensión mínima de 1.080 euros.

Detrás del discurso ante los empresarios por parte del presidente Pedro Sánchez, se esconden las negociaciones del Pacto de Toledo y como no la de los presupuestos generales. Ahora tendremos la ocasión de comprobar hasta donde está dispuesto a llegar el gobierno de coalición tanto estatal como autonómico.

Por esto los pensionistas no podemos dejar de ocupar la calle, sabemos que nuestra presencia les incomoda y pensamos que nos tendrán presente en suys reuniones de trabajo y carteras políticas.

En la década de 1940, siendo un niño, llegó al Euskal Herria para trabajar. Tuvo empleos en la industria, muy duros; muchos compañeros sufrieron enfermedades laborales, otros murieron trabajando. Hoy Adolfo tiene 92 años. Según el Fondo Monetario Internacional, está viviendo demasiado, ya que ha estado demasiados años recibiendo una pensión y, es más, esta institución considera que esta gran esperanza de vida es un “riesgo financiero”. Madalena se ha pasado toda la vida trabajando, limpiando casas. No cotizó, pero eso no estaba en sus manos. Trabajaba en las casas de la burguesía de Neguri. Recibe una pensión no contributiva de 392 euros, aunque haya trabajado toda la vida, tanto dentro como fuera de casa. María tiene casi 40 años. encadena contratos laborales precarios, la mayoría no son a jornada completa, si algún sueldo llega a los 1.000 euros, es un milagro. Aunque trabaja desde que tiene 20 años, sólo tiene ocho cotizados. Estas son algunas de las realidades habituales en nuestro entorno.

En este “oasis vasco”, si se mantienen los componentes que forman los salarios caeteris paribus, la tendencia de los salarios es preocupante. En los últimos nueve años, en Gipuzkoa, el territorio con los salarios más altos del Reino de España, el salario medio sólo ha aumentado un 1,9%; el poder adquisitivo ha caído diez puntos, todavía existe una gran brecha salarial de género y las condiciones laborales de los trabajadores menores de 40 años van empeorando. En esta inacabable transformación económica de las últimas décadas, la base es el sector servicios (spoiler: comparado con la industria, conlleva peores condiciones laborales). Está claro que la presión sobre los sistemas públicos de pensiones ahora vigentes va en aumento.

Lobbystas de entidades financieras, tecnócratas y economistas que basan sus opiniones en pseudociencias llevan años trabajando contra un sistema de pensiones público y digno. Hace unos años se hablaba de “productividad” (¿del trabajo?) como elemento central de transformación del sistema. Hoy, en cambio, es la demografía. Sin embargo, en el caso del Reino de España, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha dejado claro en un informe que lo que hace tambalear el sistema no es que cada vez haya más personas mayores, sino el declive salarial. Y, por supuesto, los lobbystas, tecnócratas y economistas de derechas no pueden oponerse a esta evidencia empírica, aunque utilicen explicaciones simplistas para confundir a la gente o vistan sus explicaciones con fórmulas matemáticas.

El sistema de pensiones existente en la República Francesa es el resultado directo de la lucha obrera, que adquirió gran fuerza en los años 1930 y siguientes: el Conseil National de la Résistance apoyaba en su programa esta exigencia. También en el Reino de España, las luchas obreros durante el franquismo consiguieron aprobar la Ley de la Seguridad Social. Los sistemas públicos de pensiones, que no fueron aceptados gracias a lobbystas, tecnócratas y economistas de derechas, tuvieron que aceptarlo por la fuerza.

La pregunta que debemos hacernos no es si el sistema X es o no sostenible económicamente, porque expresarlo de esta manera no es correcto: el otro factor de la fórmula mantiene en secreto el caeteris paribus. La pregunta es, como sociedad, cómo queremos organizar la jubilación de nuestros mayores y nuestro futuro. Esto nos va a exigir romper ciertos límites conceptuales del modelo capitalista para definir cómo queremos repartir la riqueza. El futuro lo tendrá que decidir la sociedad, no los poderosos, y esto no es una lucha fácil. En definitiva, estamos hablando de economía política.

Publicado en el semanario Argia en euskera

• CNT llama a participar masivamente en la huelga del 30-E.
• "Entre la rueda de prensa de noviembre y la formulación de la huelga, se ha incluido un punto que antes no estaba", ha aclarado la organización anarcosindicalista.

• El 30 de enero de 2020, múltiples organizaciones, entre las que se encuentra CNT, harán huelga general por unas pensiones públicas dignas.
• "Hacemos un llamamiento a las centrales sindicales que no la secundan, para que reflexionen y convoquen también huelga", ha dicho la organización anarcosindicalista.