• Una delegación se ha reunido con los grupos parlamentarios para alertar sobre un posible acuerdo que otorgaría más poder a las mutuas en el control de las bajas por enfermedad común.
• Los sindicatos han mostrado su preocupación por los efectos de este acuerdo, que incluiría el acceso de las mutuas a las historias clínicas de los trabajadores, la aceleración de altas médicas y el desvío de recursos públicos a la sanidad privada, lo que podría agravar las desigualdades sociales y debilitar la sanidad pública.

El jueves 12 de junio de 2025, la intersindical compuesta por ELA, ESK, LSB-USO, CGT, Steilas y CNT junto a la coordinadora de plataformas en defensa de la sanidad pública (OPA) hemos acudido al parlamento vasco para reunirnos con los distintos grupos parlamentarios. Los grupos que han accedido a reunirse para tratar el tema han sido EAJ-PNV, EH Bildu, PP y Sumar, el PSE ha alegado motivos de agenda para no reunirse.

En esas reuniones hemos querido transmitir nuestra preocupación ante un posible acuerdo para que las mutuas ejerzan más mecanismos de control sobre las y los trabajadores en bajas por enfermedad común, con especial atención a las de origen traumatológico. A todos ellos se les ha trasladado lo siguiente:

La patronal y el gobierno llevan años en plena campaña de criminalización de las y los trabajadores. Argumentan, que el motivo principal de no acudir a trabajar es el fraude, por eso utilizan la palabra absentismo una y otra vez sin aportar dato alguno.

Los sindicatos CCOO y UGT les han comprado este marco de discusión y, por ello, acordaron con las patronales CEOE y CEPYME en 2023 el privatizar la sanidad pública entregando la gestión de varias enfermedades comunes de los y las trabajadoras a las mutuas.

Con la excusa de esta criminalización de las personas trabajadoras, se están dirigiendo los mecanismos de control a las mutuas, para obligar a trabajadores y trabajadoras enfermas a acudir a trabajar cuanto antes. El acuerdo debe entenderse en este contexto.

Para llevar a cabo este insultante acuerdo, es imprescindible la firma de un acuerdo de colaboración entre cada sistema sanitario, en nuestro caso Osakidetza y Servicio Navarro de Salud, y las mutuas. El Gobierno Vasco y el Navarro aún no se han negado a firmar un acuerdo de estas características.

La concesión de este acuerdo tendrá los siguientes efectos:

• Las mutuas dispondrían de más mecanismos de presión para adelantar altas en diversas enfermedades comunes, especialmente en las traumatológicas.
• Las mutuas tendrían acceso a la historia clínica completa del personal del sistema público de salud.
• Las mutuas podrían reforzar aún más el mantener ocultas ciertas dolencias que deberían ser enfermedades laborales, desviándolas al sistema público de salud.
• La derivación de recursos económicos públicos a la sanidad privada a través de las mutuas dará un paso de gigante.

Tal y como se establece en la Ley General de Sanidad los recursos de las mutuas debieran destinarse a la sanidad pública, para así poder mejorar y acelerar la atención de toda la población. La privatización de la atención sanitaria aumenta las desigualdades sociales y es el camino contrario el que hay que recorrer. Hay que recordar que las mutuas son asociaciones patronales privadas, creadas para defender los intereses de las empresas y el control sanitario sobre sus trabajadores y trabajadoras, gracias a una posición privilegiada que les otorga la Seguridad Social.

Todos los sindicatos que suscribimos lo anteriormente mencionado hacemos una petición directa a los partidos políticos del Parlamento Vasco (el anterior Parlamento Navarro ya lo hizo) para que se posicionen públicamente en contra de que se materialice este acuerdo en la CAPV.