Hace 50 años de la muerte del general Francisco Franco y el año que viene se cumplirán 90 desde el inicio de la sublevación militar fascista de 1936. Ambas efemérides están propiciando no pocas iniciativas institucionales y sociales que, más allá de la denuncia simbólica de los crímenes cometidos por el franquismo, alientan narrativas que chocan a menudo frontalmente con nuestro relato anarcosindicalista y libertario.
La memoria histórica, tal y como la entiende la CNT, abarca dos grandes campos de actuación:
Por un lado, la denuncia de los crímenes de lesa humanidad constitutivos de un genocidio y cometidos por la sublevación militar fascista, la consecuente guerra y el posterior terrorismo de estado que se materializa en la búsqueda de verdad, justicia y reparación (incluidas dentro de esta última las garantías de no repetición).
La otra vertiente de nuestra labor memorialista se basa en la recuperación de la memoria sociopolítica de nuestra militancia, de nuestro universo organizativo (sindicatos, grupos de afinidad, Mujeres Libres, comités de defensa, cooperativas, escuelas, grupos excursionistas, teatrales, publicaciones periódicas, editoriales…) y de la alternativa socioeconómica que el anarcosindicalismo convino en llamar comunismo libertario.
La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación propicia pequeñas victorias parciales como pueden ser la exhumación de algunas fosas, pero se estrella una y otra vez con la piedra angular del modelo de impunidad español: la Ley de Amnistía de 1977. Esta ley “de punto final” constituye un hito fundamental para entender por qué no se puede enjuiciar el genocidio franquista y cómo es posible que medio siglo después de la muerte del dictador su legado de terror perdure en la estructura política, económica y social españolas sin que se haya implementado una sola medida de justicia transicional.
La ley de Amnistía de 1977 indulta al antifranquismo y amnistía a los criminales amparando su legitimación en el apoyo de organizaciones que sí sufrieron en sus filas el genocidio (PSOE, PCE y PNV) pero que, con la vista puesta en el “reparto del pastel” que propiciaron los Pactos de la Moncloa, condenaron al ostracismo a sus propias víctimas. Este y no otro es el pilar fundamental de una transición que durante décadas se nos ha querido vender como ejemplar y exportable a terceros países. La “teoría de los dos demonios” y el creciente revisionismo histórico de carácter fascista que ya no se disimulan constituyen los nuevos andamiajes de una impunidad que perdura 50 años después.
Nuestra batalla por el relato no se circunscribe únicamente a la categorización penal de los crímenes franquistas o al tratamiento jurídico que reciben las víctimas. La práctica coherente de la memoria histórica con perspectiva de clase abarca también el campo de la narrativa ideológica. La práctica más extendida entre los agentes institucionales y sociales que abordan el 50 aniversario es la de presentar a todas las organizaciones antifascistas bajo el paraguas del republicanismo de izquierdas. Asociada a esa misma narrativa, existe cierta tendencia a exagerar el papel y las fuerzas del PCE atribuyéndole una cuota de representación obrera que no obtuvo hasta el tardofranquismo. Abordar la memoria histórica con ese grado de simplificación y tergiversación no contribuye a un análisis riguroso de los hechos y tan solo beneficia las narrativas de quienes difícilmente pueden justificar ante la historia y su público el proceder y la deriva de sus organizaciones históricas. No es nuestro caso. La CNT y el Movimiento Libertario han demostrado invariablemente su compromiso con la veracidad del relato histórico. Para el anarcosindicalismo, solo la investigación fidedigna y la divulgación sincera de las luchas, debates e ideas que conformaron esa etapa histórica garantizan el entendimiento y aprovechamiento actual de la experiencia autogestionaria de masas del verano de 1936 que alumbró las esperanzas revolucionarias de una clase trabajadora no tutelada por partidos ni por estados.
El recuerdo y homenaje a la militancia histórica que luchó por un mundo nuevo está presente en nuestro quehacer diario y hoy evocamos la figura del compañero Durruti, muerto el 20 de noviembre de 1936 defendiendo Madrid. La reivindicación de su memoria sociopolítica y la interpretación de su lucha nos compete directamente. Cuando desde las instituciones se implementan políticas públicas de memoria histórica sin contar con la organización histórica que más bajas tuvo en sus filas, cuando organizaciones no históricas se lanzan al memorialismo desde el presentismo o cuando se pone el foco en la lectura política de familiares que no comparten ideología con la víctima, se vulnera el trinomio de la verdad, la justicia y la reparación (incluidas las garantías de no repetición), dando lugar a interpretaciones interesadas, parciales y sin sesgo de clase o revolucionario.
Hoy, 50 años después de la muerte del genocida, imbricamos la memoria histórica con las luchas actuales y continuamos creyendo en la necesidad y viabilidad de un mundo sin clases ni estados. Seguimos apostando por un modelo sindical único y realmente efectivo, basado en la solidaridad y en la acción directa. Reivindicamos como única garantía válida de no repetición la abolición del ejército, de los cuerpos represivos y de la industria militar, así como la salida de España de la OTAN y la expulsión del ejército estadounidense de las bases que entregó Franco. Hoy, como ayer, seguimos teniendo compañeras presas por hacer sindicalismo. Cada vez más evidencias como la crisis de la DANA o la de los incendios forestales corroboran que el apoyo mutuo y la autogestión siguen siendo alternativas autoorganizacionales más fiables que el estado ante situaciones de colapso.
Hasta hace 50 años, luchábamos contra Franco, después contra el régimen del 78. Ahora y siempre, contra el estado y el capital, por el comunismo libertario.
