• El colectivo predoctoral llama a concentrarse el 24 en Donostia, con reivindicaciones que, “desde CNT hacemos nuestras”
• “No puede ser que una institución que debe ser un ejemplo, trate así a sus trabajadoras”, denuncia la central anarcosindicalista.

Cuesta creer que el trabajo en la Universidad y otras instituciones de investigación forman en este país, y en tantos otros, una parte de un volumen creciente de trabajadores precarios. Tras la idea de que la investigación y la enseñanza universitaria son trabajos vocacionales y, por esta razón, de prestigio, se esconde una profunda precarización, con trabajos temporales, inestables y mal remunerados, lo que tiene un reflejo directo en la calidad de vida de todas las personas que forman la Universidad. Desde el personal de limpieza, que trabaja para subcontratas y tiene su valor constantemente cuestionado por la Universidad del País Vasco, hasta el mismo profesorado, que bajo figuras como profesorado asociado mantienen con la institución de enseñanza una relación muy similar al falso autónomo.

Quienes conocen de cerca esta realidad no se sorprenden, desafortunadamente, cuando sectores sindicales denuncian los niveles de interinidad en la Educación pública vasca: un 41% de los profesionales de educación son interinos, cuando casi el 90% de ellos tienen una antigüedad superior a 3 años[1]. En el ámbito específico de la UPV/EHU, este porcentaje sube hasta un asustador 48,8% de personal temporal[2], lo que hace que esta universidad sea una de las que no que no cumple los requisitos regulados por el estado para ser reconocida como tal – el Decreto permite un máximo de 40% de temporalidad[3]. Asimismo, la falta de estímulo y apoyo a la investigación se hace perceptible en el porcentaje de personal docente e investigador con título de doctor, que no excede el 50% del PDI (concretamente, un 46,6%)[4].

El personal investigador, a su vez, por la concatenación de contratos de “formación”, ve cómo una situación que debería ser transitoria se convierte en un modelo de contratación – así como ocurre, por otra parte, en tantos otros sectores de trabajo en España y en Europa. Una presión continua por resultados, sumada a la escasez de medios adecuados para el desarrollo de sus funciones y la alta competitividad por unas becas de investigación que casi siempre tienen en cuenta factores estrictamente cuantitativos (como la nota media de graduación o el número de publicaciones) hacen que las y los doctorandos sean un colectivo seis veces más propenso a padecer depresión y ansiedad que otros colectivos altamente formados[5].

La UPV/EHU, a su vez, demuestra constantemente una muy escasa voluntad de mejorar las condiciones laborales de quienes están desarrollando una tesis doctoral. Para empezar, este colectivo no se incluye en el Convenio Colectivo vigente, al ser considerado “personal en formación”. Por otro lado, varios y varias doctorandas con contrato de trabajo, algunas independientemente y otras por la vía sindical, acudieron a la vía judicial para solicitar la aplicación del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF), recogido en el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, reclamando la diferencia salarial que deberían haber percibido si este Estatuto hubiese sido aplicado. La mayoría de las demandas fueron desestimadas en primera instancia, aunque algunas de ellas prosperaron en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No obstante, la UPV/EHU está dispuesta a llegar hasta la última instancia para evitar reconocer este mínimo derecho (las cantidades no alcanzan los 2.000 euros por investigador), y ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo.

La situación es todavía más precaria para quienes no consiguen alguna de las competitivas becas de investigación disponibles. Es el caso del alumnado de doctorado sin contrato, que frecuentemente no dispone de un local adecuado de trabajo, pese a pagar anualmente tasas de matrícula que apenas se reflejan en otros recursos más allá que el acceso a la biblioteca y laboratorios específicos. Asimismo, la Universidad no deja de tener una actitud excluyente hacia los y las alumnas que no provienen de la Comunidad Autónoma, y no ofrece contratos de trabajo a estudiantes con becas de instituciones extranacionales, que por lo tanto siguen constando solamente como estudiantes de doctorado. Todo eso, pese a que existen programas de doctorado en los que casi el 80 por ciento del alumnado procede de América Latina.

En octubre de 2020 la CNT convocó una huelga sectorial, en la que, entre otros factores, se exigía el desarrollo de un sistema de financiación completamente público,  la eliminación de las tasas universitarias, en defensa de una Universidad totalmente pública y gratuita, la eliminación de contrataciones fraudulentas y precariedad laboral, y el fomento de la cultura de la cooperación científica en lugar de la competencia.

En busca de la consolidación de estos objetivos, nos unimos a las demandas del colectivo predoctoral, que el 24 de marzo se vuelve a movilizar en una concentración frente al aulario de San Sebastián, a las 13:00, para pedir que las y los investigadores predoctorales sean incluidos en el convenio laboral de la UPV/EHU, eliminando el carácter formativo de los contratos, la igualación del sueldo al del profesorado ayudante, la eliminación de la matrícula y las tasas de doctorado, un control real sobre la carga docente que ejercen,  que todos y todas las doctorandas dispongan de los mismos recursos e infraestructuras para el desarrollo de su investigación, y que todo el personal predoctoral tenga un contrato de trabajo.

[1] https://www.publico.es/politica/administracion-vasca-soporta-temporalidad-laboral-alta-europa-hay-gente-lleva-30-anos.html
[2] https://www.observatoriuniversitari.org/es/files/2021/03/Requisitos-reconocimiento-universidades-2021-03.pdf , p. 32.
[3] https://www.eldiario.es/sociedad/precariedad-asola-campus-forma-profesores-temporales-mitad-universidades-espanolas-incumple-ley_1_7322760.html
[4] Idem, p. 39.
[5] https://elpais.com/elpais/2018/03/15/ciencia/1521113964_993420.html

Fuente de la imagen: Ecuador Etxea

• La central anarcosindicalista considera esencial “movilizar todos los trabajadores y trabajadoras del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco” si se quiere acabar con la precariedad en el sector.
• “No nos podemos permitir este abuso de la temporalidad de las administraciones públicas, que es del 40 %, la más alta de todo el Estado”, ha denunciado CNT

CNT, en su firme compromiso de mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras más precarias dentro de la Administración, ha decidido apoyar y sumarse a la huelga del 22 de abril. “Creemos totalmente acertado el hecho de que se lleve a cabo una huelga que abarque a todas las trabajadoras del sector”, ya que, según la central anarcosindicalista, la problemática del abuso de la temporalidad es algo que se da en todo el sector público: educación, sanidad, y en todas las administraciones (Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos y Administración del Estado).

La tasa de temporalidad es del 40%, y a las 58.700 trabajadoras y trabajadores interinos, “habría que añadir a las que están en sectores subcontratados y privatizados, donde esa temporalidad es prácticamente absoluta”.

“Todo esto vulnera las normativas del Derecho Europeo sobre la utilización abusiva de la temporalidad, además de vulnerar también el Estatuto del Empleado Público”, ha señalado la CNT. De hecho, el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que las administraciones públicas españolas, entre las que se incluyen las de la CAPV, abusan de la temporalidad con la figura de los interinos, encadenando años de contratos temporales cubriendo puestos de trabajo estructurales.

Por otro lado, desde CNT también se exige la publificación de sectores subcontratados y privatizados, ya que “sólo suponen un beneficio para las empresas a costa de peores condiciones de trabajo y peor servicio a la ciudadanía”, ha subrayado CNT.

Por todas estas razones y más, CNT se suma a la huelga convocada por SATSE, ESK; LAB, CC.OO., ELA y STEILAS, con la esperanza que se inicie una dinámica que abarque a todas las trabajadoras del sector.

• TUBACEX pone sobre la mesa 136 despidos y un ERTE para el resto de la plantilla.
• "La solidaridad con la plantilla de TUBACEX es una obligación como clase obrera que somos", indica el delegado de la sección sindical de CNT en Tubos Reunidos.

La sección sindical de CNT en TUBOS REUNIDOS (TRI) comunicó su apoyo y solidaridad a los y las compañeras de TUBACEX, acompañándolas en su lucha. En dicha empresa llevan en huelga indefinida desde el día 15 de febrero, más de 30 días ya. Tensión en los piquetes informativos, cargas de la Ertzaintza para facilitar la entrada de autobuses con personal no solidario con la lucha que se esta manteniendo; el resultado ha sido personal de TUBACEX contusionado. “Hay que subrayar que la fabrica no ha producido ningún día”, señala el delegado sindical. La demostración de solidaridad de la clase trabajadora en Aiaraldea es algo a remarcar: plantillas de multitud de empresas del entorno, la vecindad, negocios de la zona y alrededores, todo un ejemplo de apoyo mutuo.

"Las medidas que pretende aplicar la dirección de Tubacex son la vuelta de tuerca que quiere dar la patronal: externalizar trabajos, flexibilidad, en definitiva, precarizar el empleo; no es cuestión del mercado, es la oportunidad de sacar tajada de la triste situación actual", nos remarcan desde la central anarcosindicalista. "Represión y criminalización es la respuesta que desde las instituciones se da a la lucha que mantienen las personas que defienden sus puestos de trabajo, son las instituciones públicas quienes están facilitando los ERTEs y EREs indiscriminadamente, son los partidos políticos los que están legislando en favor de los que más tienen. Las puertas giratorias funcionan a la perfección" declara CNT-TRI.

A la pregunta de cómo valora la CNT la actuación del Gobierno Vasco ante este conflicto, la respuesta es contundente: "El Gobierno Vasco y Confebask son los mismos perros con diferente collar. No se deben financiar empresas con dinero público y mucho menos a empresas que ejecutan despidos" nos responde CNT.