Una versión más corta se puede escuchar aquí; la versión original se publicó en Argia
Desde el inicio de año, han fallecido 16 trabajadores. Esto significa que cada 6,5 días ha muerto alguien trabajando. 2020, a su vez, fue un año negro: en Euskal Herria peninsular, murieron trabajando 75 personas.
Esto se toma como si fuera mala suerte, una casualidad que no se puede evitar. Las patronales como Confebask hablan de una tragedia personal y empresarial inasumible, pero al mismo tiempo, insisten que el índice de accidentes laborales por cada mil trabajadores se va reduciendo. Menos esos muertos, todos contentos, entonces. Al final, para quien nos emplea, sólo somos números, índices.
Una trabajadora con un contrato eventual, frente a otra con contrato definitivo, tiene más de un 70% de posibilidades de sufrir un accidente laboral. Esto no es consecuencia de la falta de experiencia laboral, sino un efecto directo de las mala condiciones. Además, este colectivo coge menos bajas laborales, debido al riesgo de no renovación del contrato. Por lo que el hecho de estar con contrato eventual, supone un mayor riesgo de accidente, además de un empeoramiento de la salud, al tener que decidir entre seguir con trabajo o la salud.
A esto debemos añadir que el riesgo de sufrir un accidente laboral es mayor entre las empresas de 1 a 25 trabajadoras, tamaño habitual en nuestro tejido empresarial. En este tipo de empresas, la relación con el empresario es más, digamos, “estrecho”. Esto supone una vigilancia y control más directo por el empleador, donde los comentarios “te pago por venir a trabajar” y “hay que producir, sea como sea” son el pan de cada día.
También hay que resaltar la responsabilidad que tienen la delegada de prevención de riesgos laborales, o los comités de seguridad y salud. Los y las trabajadoras elegidas para estas responsabilidades tienen la obligación de trabajar la prevención de riesgos laborales; cosa que en muchas empresas pequeñas y medianas no suelen hacer, más allá de cumplir con el papeleo burocrático, a costa de la salud de sus compañeras de trabajo. Desde las secciones sindicales de CNT tenemos que hacer un esfuerzo extra, e incluir la prevención de riesgos de manera sistemática en la acción sindical, y esto nos exige formación, ya que proteger nuestra salud ha de ser la prioridad absoluta. Sin salud, lo demás se convierte en accesorio.
Los datos son crudos. En la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, en el año 2019 se registraron 46.585 accidentes laborales, de los cuales 308 fueron muy graves. Esto es, 127 accidentes por día. En estos datos no se incluyen las múltiples enfermedades profesionales, cuyo visto bueno depende de las Mutuas o del Instituto Nacional de Seguridad Social. El ejemplo más amargo lo tenemos con el amianto, en el que en casi todos los casos hay que acabar en los juzgados, a menudo tras el fallecimiento de la trabajadora. Desde 1998 han fallecido 2.442 personas en Euskal Herria peninsular, el último, este 14 de abril, Fortunato Martin, trabajador en el almacén de Uralita en Lasarte.
Las enfermedades derivadas de riesgos psicosociales son otro mundo. Es muy difícil obtener estadísticas precisas sobre ellas; además, es complicado combatirlas, porque se supone que las sobrecargas de trabajo y la presión para producir más, son naturales, son parte del trabajo. Plazos urgentes, cambios de turnos, horarios inflexibles, horario de trabajo imprevisible, falta de definición de tareas, trabajo precario y bajos salarios, y diferentes tipos de violencia (física, psicológica, entre trabajadores o con la clientela), … son los factores de estrés psicosocial más habituales, que están normalizados por las empresas. El objetivo principal de las empresas es obtener beneficios, a través de la extracción de la plusvalía de los y las trabajadoras; y si hay que aumentar los riesgos psicosociales, les da igual. Esto no puede ser, porque nos pagan por trabajar, no por perder la salud en el trabajo.
Para evitar ese problema público, la Administración tiene la obligación y responsabilidad de tomar cartas en el asunto. Para ello debería poner los medios que obliguen a las empresas a garantizar la salud laboral, utilizando la herramienta pública que tenemos para evitar accidentes laborales. La Inspección de Trabajo es la herramienta que tiene el Gobierno Vasco para garantizar la salud laboral. Sin embargo, ¿cuál es su esfuerzo en este campo?
Para empezar, según datos de 2020, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hay 33 inspectores e inspectoras en activo; en el caso de Bizkaia, los que pueden realizar la labor inspectora son 15. En este territorio histórico, a cada inspectora le corresponden 29.437 trabajadores; en Araba y Gipuzkoa estos ratios son algo mejores, pero se mantiene en cifras similares. En Bizkaia cada inspectora está cumpliendo 300 expedientes al año debido a la gran cantidad de trabajo. La Inspección de Trabajo está bastante desestructurada y no hay posibilidad material de ir a las empresas a hacer prevención. Un desastre planificado por el Gobierno Vasco, vaya.
Comparemos la Inspección de Trabajo con los ratios policiales. Hay 274 personas por Ertzaintza, o 199 si incluimos a los policías locales en la ecuación. Repasemos: una inspectora por 29.400 personas, un policía por 199 personas. Es evidente que Inspección de Trabajo está totalmente dejada de lado por la Administración; y esto, no deja de ser una decisión política. En esta era pandémica, podremos ver policía en cada esquina, nos podrán parar en cualquier momento; lo que no veremos será a la Inspección de Trabajo acudir a la empresa a la que trabajamos para ver si se cumple la legislación laboral en materia de salud. Y no será porque los y las inspectoras de trabajo no quieran, sino porque el Gobierno Vasco no quiere.
Todas estas cuestiones hacen que desde las centrales sindicales tengamos una obligación extra de actuar en materia de prevención, pero como trabajadores y trabajadoras, tenemos la obligación de formarnos y hacer cumplir todo lo relacionado con la salud laboral. Si no lo hacemos nosotras, estamos vendidas.
Así se puede entender la impunidad de las empresas contra la salud de los trabajadores y trabajadoras, con tantos muertos, enfermedades y accidentes laborales; ya que quien tiene la obligación de ejercer de vigilante (la Administración), pasa de ello. Esto tiene un gran coste, y no sólo económico: el menoscabo de la dignidad de las personas y el empeoramiento de la salud mental, son dos ejemplos. Estos costes son invisibles, porque los y las trabajadoras lo pagamos de nuestro bolsillo y con nuestra salud. Al fin y al cabo, esta situación es el enésimo ejemplo de lucha de clases. Y sabemos del lado de quién está el gobierno.
