Han transcurrido ya unas semanas desde que el presidente de Mercadona, Juan Roig, declarase que “los empresarios son los que generan riqueza y bienestar y si después, a los que les toca gestionarla lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, enfrentamiento". Parto del hecho de que verdaderamente se cree lo que dice. Yo, personalmente, pienso que sí, que él está convencido de que sin empresarios no hay riqueza y bienestar. Hay que tener en cuenta que su discurso lo suelta desde la atalaya de la clase social a la que pertenece y en ese estrato de la sociedad en el que se encuentra vociferando no se ve más allá de las narices. La obstinación por autoproclamarse como generador de riqueza no es ni más ni menos que la base de ese egoísmo empresarial incapaz de admitir su visión de las relaciones laborales basadas en el concepto de amo y esclavo.
Días después era conocido el sueldo que percibía el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por ejercer ese cargo. Hablar de sueldos significa meterse en terreno pantanoso. Si se compara el salario del voceras de la CEOE con el de algunos deportistas, artistas y demás, hasta puede parecer una remuneración poco exagerada. En cualquier caso, se llame Garamendi, sea tal o cual deportista, éste o aquel artista, todas, absolutamente todas las cifras que se manejan solo puedo calificarlas de insultantes.
Lo que provoca asco no es la cifra en sí de Garamendi, que también, lo que crispa el carácter es que un sujeto abonado a los 380.000 euros anuales ponga pegas, como portavoz que es de la CEOE, a una subida del SMI hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Es lo que hay, gentuza que nada en la abundancia dando lecciones de cómo otros deben vivir en la precariedad. Es evidente que a los jetas de despacho no les avergüenza, con su miseria moral, marcar diferencias a la hora de condenar a unas personas a la miseria socioeconómica.
Estos dos ejemplos, el de Roig y el de Garamendi, se dan en un contexto político en el que, sin olvidar la tradición secular de que la Banca y la Patronal son quienes mandan, la gobernabilidad teórica recae en la coalición del gobierno más, según dicen, progresista de la historia de la democracia del Estado Bananero Español.
Si ya supone en muchas ocasiones un riesgo caer en el simplismo de establecer la diferencia de proyecto político señalándolo como de izquierda o de derecha, más se complican los conceptos cuando el progresismo y el conservadurismo entran en escena, de tal forma que el progresismo lo es, o lo parece, no por su propia dinámica sino por la cerrazón de las posturas opuestas.
Cuesta entender que la principal formación de ese supuesto gobierno progresista, el PSOE, haya votado hace unos pocos días en contra de la moción en la que se solicitaba recuperar la indemnización por despido improcedente a 45 días por año trabajado, previa a la reforma laboral del PP. En esa propuesta se planteaba derogar las modificaciones introducidas en materia de despido improcedente tanto en la reforma de 2012, de Rajoy; como la de 2010, de Zapatero. ¿Argumento del PSOE para oponerse? A grandes rasgos, una indemnización tiene que ser justa, equilibrada y disuasoria pero se tiene que acordar en el marco del diálogo social.
Y vuelvo al punto de partida de la mano de ese diálogo social que no es más que la pantomima que nos traslada a la garante apatía llamada paz social, esa balsa de aceite placentera para que los Roigs y Garamendis de turno sigan pisando el mismo suelo que el resto de los mortales pero viviendo acomodadas realidades alejadas de la angustia que genera llegar a final de mes con apuros económicos. Y esto no se soluciona, conviene recordarlo las veces que haga falta, con gobiernos de una u otra índole.
