En la década de 1940, siendo un niño, llegó al Euskal Herria para trabajar. Tuvo empleos en la industria, muy duros; muchos compañeros sufrieron enfermedades laborales, otros murieron trabajando. Hoy Adolfo tiene 92 años. Según el Fondo Monetario Internacional, está viviendo demasiado, ya que ha estado demasiados años recibiendo una pensión y, es más, esta institución considera que esta gran esperanza de vida es un “riesgo financiero”. Madalena se ha pasado toda la vida trabajando, limpiando casas. No cotizó, pero eso no estaba en sus manos. Trabajaba en las casas de la burguesía de Neguri. Recibe una pensión no contributiva de 392 euros, aunque haya trabajado toda la vida, tanto dentro como fuera de casa. María tiene casi 40 años. encadena contratos laborales precarios, la mayoría no son a jornada completa, si algún sueldo llega a los 1.000 euros, es un milagro. Aunque trabaja desde que tiene 20 años, sólo tiene ocho cotizados. Estas son algunas de las realidades habituales en nuestro entorno.
En este “oasis vasco”, si se mantienen los componentes que forman los salarios caeteris paribus, la tendencia de los salarios es preocupante. En los últimos nueve años, en Gipuzkoa, el territorio con los salarios más altos del Reino de España, el salario medio sólo ha aumentado un 1,9%; el poder adquisitivo ha caído diez puntos, todavía existe una gran brecha salarial de género y las condiciones laborales de los trabajadores menores de 40 años van empeorando. En esta inacabable transformación económica de las últimas décadas, la base es el sector servicios (spoiler: comparado con la industria, conlleva peores condiciones laborales). Está claro que la presión sobre los sistemas públicos de pensiones ahora vigentes va en aumento.
Lobbystas de entidades financieras, tecnócratas y economistas que basan sus opiniones en pseudociencias llevan años trabajando contra un sistema de pensiones público y digno. Hace unos años se hablaba de “productividad” (¿del trabajo?) como elemento central de transformación del sistema. Hoy, en cambio, es la demografía. Sin embargo, en el caso del Reino de España, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha dejado claro en un informe que lo que hace tambalear el sistema no es que cada vez haya más personas mayores, sino el declive salarial. Y, por supuesto, los lobbystas, tecnócratas y economistas de derechas no pueden oponerse a esta evidencia empírica, aunque utilicen explicaciones simplistas para confundir a la gente o vistan sus explicaciones con fórmulas matemáticas.
El sistema de pensiones existente en la República Francesa es el resultado directo de la lucha obrera, que adquirió gran fuerza en los años 1930 y siguientes: el Conseil National de la Résistance apoyaba en su programa esta exigencia. También en el Reino de España, las luchas obreros durante el franquismo consiguieron aprobar la Ley de la Seguridad Social. Los sistemas públicos de pensiones, que no fueron aceptados gracias a lobbystas, tecnócratas y economistas de derechas, tuvieron que aceptarlo por la fuerza.
La pregunta que debemos hacernos no es si el sistema X es o no sostenible económicamente, porque expresarlo de esta manera no es correcto: el otro factor de la fórmula mantiene en secreto el caeteris paribus. La pregunta es, como sociedad, cómo queremos organizar la jubilación de nuestros mayores y nuestro futuro. Esto nos va a exigir romper ciertos límites conceptuales del modelo capitalista para definir cómo queremos repartir la riqueza. El futuro lo tendrá que decidir la sociedad, no los poderosos, y esto no es una lucha fácil. En definitiva, estamos hablando de economía política.
Publicado en el semanario Argia en euskera
