El vocablo inglés “lawfare”, teniendo ya unos lustros de antigüedad, forma parte del día a día de los últimos tiempos. A la expresión “lawfare”, fusión del inglés entre law (ley) y warfare (guerra), se le atribuye un origen militar y viene a significar algo así como, por resumirlo en pocas palabras, el acoso judicial, es decir, la utilización abusiva o ilegal del entramado jurídico institucionalizado para abatir al oponente.
A nadie se le escapa, pero lo recuerdo por si algún mortal sigue levitando sobre suaves brumas abstraído de la realidad, que el monopolio de la violencia se lo autoadjudica el Estado a cambio de que, en este momento es donde se esboza una sarcástica sonrisa, no abuse de él. Dicho de otra forma, repartir hostias como panes sin sobrepasar unas líneas rojas desconocidas puesto que la conveniencia variable fija esos límites, si es que los hubo en algún momento.
Como ir parapetado tipo robocop dando porrazos a diestro y siniestro puede quedar feo, a pesar del clásico “si le pegan es que algo habrá hecho”, en ocasiones se tira del manual básico que entierra la violencia física para sustituirla por otro medio coercitivo, edulcorando, en teoría, el escenario. Así es como entra en escena el “lawfare” o, como también lo han denominado, golpe de Estado blando. Esta táctica neogolpista no es más que una de las variadas facetas de lo que conocemos comúnmente como corrupción que, en este caso, puede definirse como el comportamiento de un funcionario público que presenta una desviación con respecto a sus obligaciones motivado por una ganancia personal o en beneficio de la institución o asociación a la que pertenece o con la que simpatiza. Cosas del profesionalismo político, sin más.
Curiosamente, en esta práctica corrupta en busca de aniquilar al adversario no es indispensable, aunque se intente, conseguir una condena judicial. Teniendo en cuenta que son procesos fake basados en falta de pruebas o, ante esa inexistencia, prefabricadas, el juez o jueces implicados revolotearían demasiado expuestos alrededor de la prevaricación. Por tanto, aún llegando a un juicio mediante estas artimañas y que tal circo acabe en nada, dando carnaza a medios de comunicación concretos especializados en bombardear semanalmente con material afín a la visión de los unicornios se puede llegar al objetivo de anular o desprestigiar al adversario. El “lawfare” necesita imperiosamente de ese periodismo corrupto que no se corta a la hora de enchufar el ventilador para esparcir mierda difamatoria.
“(...) El tema de la corrupción parece que puede convertirse en un buen instrumento de fascistización y han sido los partidos democráticos con su comportamiento irresponsable los que han proporcionado dicho instrumento. Si yo entiendo bien, la corrupción ha acelerado la crisis de las democracias representativas, a la vez que esa crisis producía más corrupción. (…) Frente al desprestigio de los políticos, la opinión pública ha andado desmoralizada. (...) Esa desmoralización la ha llevado a volver sus espaldas a la política, dejando las manos libres a los políticos. Pero también la ha llevado a ser muy vulnerable ante las prédicas de iluminados y curanderos, algunos quizás inofensivos, pero cierto que no todos lo son. (...)” CORRUPCIÓN. José María Tortosa. Editorial Icaria, 1995, página 89.
