Publicado originalmente en cnt.es.

En febrero de 2023 Pablo González Yagüe, periodista que cubría la guerra de Ucrania para La Sexta como colaborador, ha cumplido un año encarcelado en Polonia. Acusado de espionaje, la Fiscalía no ha aportado ninguna prueba nueva que le pudiera incriminar durante estos meses en los que la justicia polaca ha denegado que el reportero fuera asistido por el abogado que él designó desde el principio. Se enfrenta hasta diez años de cárcel.

La primera noticia que tuvo de los hechos Ohiana Goiriena, la esposa de Pablo, llegó a las siete de la madrugada el 28 de febrero de 2022. “Me dijo que le habían detenido los servicios de inteligencia polacos, que estaba en sus dependencias y que avisara a su abogado”, afirma. El defensor al que se refiere es Gonzalo Boyer, letrado que asistía al periodista desde que sufrió un “incidente” con los servicios ucranianos el día 4 del mismo mes, momento en el que le interrogaron, le revisaron el pasaporte y le duplicaron las tarjetas de crédito. “También le invitaron a abandonar Ucrania porque entendían que estaba informando de la guerra desde un perfil prorruso”, dice Goiriena

Desde entonces, pasaron tres días en los que Pablo estaba, para sus familiares y allegados, desaparecido. “No sabíamos nada, ni dónde estaba ni si le estaban tratando bien”, agrega su mujer. En ese momento, su círculo más cercano empezó a contactar con el consulado español en Polonia. El cuerpo diplomático no tenía constatación oficial de que estuviera detenido.

Finalmente, lo pudieron atestiguar. El cónsul español les comunicó dónde se encontraba Pablo y, siete días después, de qué se le acusaba: espionaje, un delito que, dependiendo de la gravedad de los hechos, puede estar penado con hasta diez años de prisión según el código penal polaco.

“Empezamos a solicitar los permisos de visita para que fuera a verlo su abogado, también llamadas de teléfono, pero nos denegaban todo, ni siquiera a Boyer le dejaban hacerse cargo del caso”, añade Goiriena. De esta forma, los primeros momentos Pablo estuvo asistido por una abogada de oficio, aunque su círculo más cercano desconoce si realmente le llegó a visitar en la cárcel. Su mujer agrega que no saben si renunció la letrada o la recusó Pablo. Luego llegó otro abogado del que ni siquiera saben su nombre.

Acusado de espionaje, la Fiscalía no ha aportado ninguna prueba nueva que le pudiera incriminar durante el largo año en el que la justicia polaca ha denegado que el reportero fuera asistido por su abogado. Se enfrenta hasta diez años de cárcel.

Así pues, Pablo estuvo durante mes y medio indefenso, sin abogado de oficio ni particular que pudiera asistirle en este proceso judicial por el que se puede llegar a enfrentar a hasta una década de cárcel. A mediados de abril y viendo que no permitían a Boyer intervenir como abogado, el círculo de Pablo consiguió un letrado que le asistió hasta octubre.

El periodista, por su parte, no deja de sufrir las penurias de la prisión, ya sea en el primer centro penitenciario por el que pasó hasta mayo, o en la cárcel en la que se encuentra actualmente. “Está incomunicado. No puede hacer llamadas excepto a su abogado y con la familia no ha podido hablar todavía. A Boyer le siguen denegando el permiso para verlo y hasta noviembre no ha tenido ningún permiso de visita”, relata Goiriena.

De hecho, el pasado 21 de noviembre fue el primer encuentro entre Pablo y su mujer: “Sabemos que sí que le llegan nuestras cartas, pero con entre dos y tres meses de retraso. Las abren, las leen y las censuran, y con las que él escribe ocurre lo mismo, porque nos llegan con un sello rojo pasadas por la censura”, sostiene ella.

La tortura cotidiana de la prisión

Las condiciones en prisión se basan en estar 23 horas del día encerrado en la celda y la hora restante en un patio de siete por cuatro metros. Y ahora que llega el invierno, ni siquiera puede salir esos 60 minutos en los que poder respirar algo de aire porque ni con toda la ropa que le permiten tener es capaz de soportar el frío polaco. La misma Goiriena incide en que “no le encienden la calefacción y no es que le proporcionen ropa térmica, es que siempre nos han rechazado la posibilidad de enviarle ropa desde el exterior”.

El tiempo pasa y parece que llegan los primeros avances desde que en septiembre su círculo más cercano reforzara el equipo de defensa. “De todas formas, para todo hay que pedir permisos e incluso nos deniegan aquellos que nos permitirían comprar cosas básicas como vitaminas porque el menú de prisión es deficitario en todos los aspectos”, señala la mujer de Pablo.

El estado legal, por otra parte, no ha variado demasiado desde sus inicios, a pesar que en febrero de 2023 Pablo cumplirá un año en prisión preventiva, sin fecha de juicio oral y sin que todavía le pueda defender el abogado que él ha decidido. La prisión temporal, en principio, tuvo una duración de tres meses, hasta el 29 de mayo de 2022. “Dos días antes de que se cumpliera el plazo, el tribunal la prolongó otros tres meses al aceptar los argumentos de la Fiscalía y rechazar las alegaciones de nuestra parte, así que continuó encarcelado hasta agosto”, explica Goiriena.

Sin pruebas nuevas

Ese procedimiento se volvió a repetir: el juez aceptó lo que reclamaba la Fiscalía y rechazó las alegaciones por parte de la defensa del reportero. El Ministerio Público, asimismo, defiende que Pablo tiene un alto riesgo de fuga, si estuviera en libertad podría obstaculizar la investigación, se enfrenta a una condena que es muy elevada y tienen la firme sospecha de que él es el culpable del delito. Esos son los argumentos que esgrime la Fiscalía polaca para que el periodista esté encarcelado de forma preventiva durante un año, pese a que no haya aportado nuevas pruebas que puedan inculpar al informador del delito del que se le acusa. En noviembre se dio el mismo procedimiento, así que Pablo, como mínimo, continuará en prisión hasta el 28 de febrero de 2023.

Goiriena, asimismo, recalca que “espionaje” es el tipo penal del que le acusan, pero no existe acusación formal ni concreta. “Las pruebas que tienen salieron al principio, nada más arrestarlo. Dijeron que tenía dos pasaportes falsos, pero era mentira. Pablo tiene la doble nacionalidad rusa y española, y esas son sus dos identidades legales”, subraya su mujer.

Ella misma también se pronuncia sobre la acusación de que Pablo recibía ingresos de dinero de forma periódica desde Rusia, “y es cierto, pero porque su padre tiene algunas rentas en ese país y le envía parte de las ganancias”, en sus propios términos. Además, Goiriena defiende que tienen todos los documentos necesarios para demostrarlo.

“También decían que se aprovechaba de su condición de periodista para viajar a lugares de conflicto, y esta acusación sí que me deja mucho más perpleja, porque no es mentira. Evidentemente, si es reportero de guerra, va a ir a lugares de conflicto a hacer su trabajo”, se explaya la mujer del periodista encarcelado.

Sin ayuda del Gobierno español

La respuesta del Gobierno de España a lo sucedido no está siendo como la familia de Pablo esperaba. Aunque las relaciones con el cónsul español en Polonia sí son buenas, e incluso el diplomático ha llegado a empatizar con la situación, él no tiene ningún tipo de potestad para presionar políticamente, tan solo a nivel administrativo. “Y sí echamos en falta esa presión. Nos dicen que la labor diplomática del Gobierno se tiene que llevar a cabo con discreción, pero ya va a cumplir un año en la cárcel y no hemos visto ningún resultado”, explicita Goiriena.

De hecho, las declaraciones de Pedro Sánchez y José Manuel Albares, el ministro de Exteriores, tampoco ayudan demasiado a Pablo, dice su mujer. “Al principio salieron sembrando la sospecha. Luego, Sánchez dijo que respetarían la legalidad polaca igual que él querría que se respetara la justicia española. El problema está en que la legalidad de Polonia no está por encima de la carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, y no la están respetando”, relata ella misma.

El CNI intimida a los medios de comunicación

Esta actitud tibia del Ejecutivo español tampoco difiere demasiado de la que están llevando a cabo los grandes medios de comunicación españoles. “Hay una diferencia muy clara entre el periodismo de Euskadi y Catalunya y el resto de España. Aquí están muy encima del caso, pero en España, a excepción de Público, los medios guardan mucho silencio”, añade Goiriena. Y agrega: “Sé de algunos medios de comunicación que recibieron llamadas desde el Centro Nacional de inteligencia español para que no se metieran en esto, que no les convenía y que guardaran un perfil bajo”.

El contraste con el apoyo personal que han mostrado numerosos periodistas es claro. Además, Goiriena ha recibido los ánimos de diversos colectivos profesionales y sindicales. “Ahora vamos a iniciar un crowfunding porque hasta el momento he podido hacer frente a los gastos gracias a un préstamo familiar, pero esto va para largo y necesitamos más apoyo económico”, concluye la mujer de Pablo llamando a la solidaridad para hacer frente a tamaña injusticia.

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Pablo Gonzalez Yagüe, s. Alexeia
A. S. Radom
ul. Wolanowska 120
26-600 RADOM
POLONIA/POLSKA

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Apoyo económico

El enorme esfuerzo económico que esta situación está suponiendo para la familia de Pablo -cuentan con tres equipos legales- les ha llevado a iniciar una campaña de recogida de fondos. “A nadie le gusta estar pidiendo dinero, pero ha sido necesario”. Puedes acceder a la información aquí.