El Diario Vasco del 23 de abril de 1947 reproducía en su última página un teletipo de la agencia franquista CIFRA en el que se daba cuenta del fusilamiento de “dos atracadores que opusieron resistencia a la fuerza pública con bombas de mano”.
Dos días antes, los guerrilleros anarquistas Diego (Amador) Franco Cazorla y Antonio López Fanlo fueron sacados por la policía armada a las 5:30 de la mañana de la cárcel de Ondarreta y media hora más tarde el capitán médico militar Pascual Puente Careaga certificaba su muerte en el campo de tiro de Bidebieta. Fueron los últimos fusilamientos del franquismo en Euskal Herria de los que tenemos conocimiento. El 3 de diciembre de 1950, el anarquista de acción y mugalari Antonio Oyarzabal Garmendia (Txiki) era detenido en Donostia, encausado en el mismo sumario y condenado a 12 años y un día de cárcel.
Amador Franco y Antonio López fueron detenidos en Irun en julio de 1946, no sin oponer resistencia. Llevaban consigo armas, munición, dinero, sellos de caucho, raciones de comida del ejército USA, documentación interna del movimiento libertario, correspondencia varia, una emisora de radio, las instrucciones de la “Clave Victoria” para unas transmisiones más seguras y gran cantidad de publicaciones anarquistas. Ambos formaban parte de los grupos de acción anarquistas que se enfrentaron al franquismo hasta entrada la década de los 60. Tras la caída de Barcelona y el obligado paso a Francia, Amador se había hecho pasar por vasco para ingresar en el campo de Gurs y establecer contacto con los compañeros vascos de cara a coordinar los diferentes grupos que iban a operar a lo largo de todo el Pirineo.
En diciembre de 1946, Raúl Carballeira Lacunza, un militante de entre los más buscados por la Brigada Político Social, se hizo pasar por primo de Amador y pudo visitarlo en Ondarreta. A su vuelta a Francia, Carballeira dió cuenta de las circunstancias de su detención y de la torturas a las que habían sido sometidos. Compañeros de Pasaia recogieron las gafas de Amador que quedaron en el lugar del fusilamiento y se las hicieron llegar a su familia. Los fusilamientos de Amador y Antonio fueron ampliamente denunciados en la prensa anarcosindicalista y anarquista del exilio. Fue un caso muy sonado, especialmente por la trascendencia militante de Amador.
Acabamos de saber que Aranzadi, tras cinco años de trabajo, da por terminadas las labores de investigación de la memoria histórica en Donostia. Las 617 páginas del Consejo de Guerra que dictaminó el fusilamiento de Amador y de Antonio y la condena de cárcel de Antonio Oyarzabal constituyen con toda probabilidad una de las violaciones de derechos humanos más documentadas que puede tener Aranzadi entre manos. Sin embargo, en el propio portal web del ayuntamiento de Donostia podemos acceder al listado de víctimas y constatar que Amador y Antonio ni siquiera tienen recogida su filiación ideológica. Son probablemente los últimos fusilados por el franquismo en Euskal Herria, ampliamente documentables y, sin embargo, su caso es apenas tratado.
No se trata más que de un botón de muestra de algunas de las lagunas en materia de recuperación de memoria histórica que se están dando durante los últimos años, lagunas que podrían evitarse en gran medida si las instituciones públicas implementaran sus políticas de memoria teniendo en cuenta a las organizaciones históricas.
Cuando el ayuntamiento de Donostia invita al Consejo de la Memoria Histórica a organizaciones ya autodisueltas como Gesto por la Paz y prescinde de las organizaciones históricas, cuando las instituciones públicas delegan en una institución científica la interpretación política del genocidio franquista, cuando la reivindicación de la memoria sociopolítica de unos combatientes se deja en manos de los familiares y no de las organizaciones en las que militaban… nos alejamos más y más del tan mentado trinomio de la verdad, la justicia y una reparación que incluya garantías de no repetición.
Durante los últimos años, se ha hecho una ingente labor de recuperación de la memoria histórica y de investigación de las vulneraciones de derechos humanos habidas durante la rebelión militar del 36, la guerra y el franquismo. En Gipuzkoa, son numerosas las localidades que cuentan con monográficos y lamentablemente en prácticamente todos encontramos ausencias notables, lagunas, errores de bulto y otras cuestiones fácilmente remediables si se consultara con las organizaciones históricas. Respecto al enfoque general, es indecente e inaceptable que trabajos avalados por una institución científica y financiados con dinero público sigan denominando “guerra civil” a una rebelión militar fascista que devino en genocidio o confundan aún las milicias del PNV con el ejército del país. Nos tememos que esto último tenga que ver más con el secular problema del PNV en discernir entre intereses de país y de partido.
¿Por qué se prescinde de las organizaciones históricas a la hora de abordar políticas públicas de memoria histórica? El bochornoso affaire del mausoleo de Polloe, donde el PNV no tiene víctimas, es bastante esclarecedor en ese sentido. El hecho de que el único columbario construido en Gipuzkoa para acoger los restos de víctimas del genocidio esté en Elgoibar y no en Irun, Beasain, Tolosa, Oiartzun o Donostia es también bastante significativo para quien conozca los avatares de la intervención jeltzale en la defensa antifascista de Gipuzkoa.
La búsqueda de verdad, justicia y de una reparación que incluya garantías de no repetición para las víctimas del genocidio franquista se ve muchas veces envuelta en la lucha por el relato, una lucha en la que se han inflado cifras, omitido filiaciones ideológicas, solapado planos, construido mitos y creado una narrativa seudohistórica acorde a los intereses políticos actuales de la burguesía nacionalista vasca.
Fuente de la foto: Aranzadi
