Cuando, a pesar de la llamada a participar en los procesos electorales, se mantiene o aumenta la respuesta en la calle contra todos sus recortes sociales y laborales y la pérdida de derechos, el estado necesita reforzar sus herramientas represivas y de control social. Y las pone en marcha contra aquellos que se le enfrentan.

Las detenciones y registros de esta semana se producen, precisamente, pocos días después de que se aprobara la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, a la cual no sólo se oponen los movimientos sociales y sindicales más combativos: instituciones tan poco sospechosas de ser “terroristas anarquistas” como ONGs y otros movimientos sociales, la Unión Europea o la ONU también han manifestado su rechazo o sus reservas hacia ella.

La relación entre ambos sucesos nos parece nítida. Las operaciones policiales amparan la aprobación de una ley tan controvertida, jugando aquí el movimiento y los colectivos anarquistas el papel de víctimas propiciatorias: como no se presentan a elecciones ni tienen plaza fija en las tertulias televisivas, sus denuncias quedan apagadas por el ensordecedor ruido mediático. Al mismo tiempo que la ley genera alarma social y busca una base de apoyo a la política del ordeno y mando, reprime cualquier reivindicación que ponga en peligro su control sobre la respuesta social y sindical a sus ataques.

El único terrorismo real que sufre la clase trabajadora es el que se ejerce desde el poder: los desahucios, el paro, el desmantelamiento de la sanidad y la educación... Como gritamos en las calles, “violencia es no llegar a fin de mes”. No podemos permitir que pisoteen nuestros derechos más básicos. Ayer detenían manifestantes y huelguistas. Hoy detienen anarquistas. Mañana serás tú. Y entonces ya será tarde.

No a la represión. No al encarcelamiento de quienes luchan.

Secretariado Permanente del Comité Confederal