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22/04/2015

El CRL vulneró la Ley de Protección de Datos en “La Oka”

La filtración por parte del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del listado de afiliadas a CNT en la empresa Ataco SL –propietaria de las tiendas de delicatesen conocidas como “La Oka”- constituye una infracción “muy grave”. Así lo ha dictaminado la Agencia Vasca de Protección de Datos, que ha analizado este caso ante las denuncias formuladas por la central anarcosindicalista.

Tal como hace algunos meses denunció CNT, el CRL hizo llegar a Ataco los nombres de las componentes de la sección sindical, lo que estuvo seguido de una serie de coacciones contra las trabajadoras que aparecían en dicho listado. La empresa en cuestión era dirigida entonces por Sonia Pérez Ezquerra, ex viceconsejera de Empleo del Gobierno Vasco durante el período de Patxi López como lehendakari. Asimismo, el abogado de la compañía era José Manuel Salinero Feijoo, secretario general de Presidencia en ese mismo gobierno del Partido Socialista de Euskadi (PSE).

“Es evidente la existencia en este caso de al menos una falta de diligencia plenamente imputable al CRL-LHK y más teniendo en cuenta que los datos comunicados son especialmente protegidos, datos que por sus características son especialmente sensibles, como son los de afiliación sindical”, sostiene la Agencia Vasca de Protección de Datos en su resolución. En tal sentido, advierte que “de nada sirve un procedimiento válido y adecuado para la seguridad de los datos si luego no es cumplido por los agentes intervinientes”.

Por tales motivos, la agencia declara que el CRL ha infringido la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, lo que supone una infracción tipificada como muy grave”, por lo que le insta a adoptar las medidas organizativas internas “tendentes a evitar en el futuro situaciones como las referidas en este procedimiento”. 

Táctica del miedo

La filtración de datos se produjo a comienzos de 2014, luego de que CNT presentase un “conflicto colectivo” contra esa compañía en relación al calendario laboral, que fijaba una flexibilidad horaria de hasta 100 horas para las empleadas a tiempo parcial. En el marco de aquel conflicto, CNT tuvo que entregar los datos de sus afiliadas al CRL para acreditar su implantación en ese centro de trabajo. En la documentación, que debía ser tratada como confidencial, figuraban los nombres, números de DNI y firmas de las trabajadoras pertenecientes a este sindicato.

“Debido a una irregularidad en su tramitación, el Consejo de Relaciones Laborales reenvió a la empresa toda la información suministrada por CNT, incluyendo la lista de afiliación”, denunció entonces la organización anarcosindicalista. Como si esto fuera poco, “tras recibir este listado los responsables de Ataco lo hicieron circular entre la plantilla, con el fin de amedrentar a las afiliadas a este sindicato”.

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