CNT ha citado el caso de Mediapost, donde una trabajadora afiliada a este sindicato “se encuentra de baja por depresión y ansiedad” a raíz de tales presiones. Asimismo, dos repartidoras de esa misma empresa, “hartas de soportar situaciones denigrantes,  han exigido mediante burofax que la empresa acredite con documentos la legalidad de este tipo de trabajo”.

En este contexto, otra trabajadora que repartía publicidad de Telepizza “fue víctima de una agresión ese mismo mes, e incluso tuvo que mediar un compañero de este sindicato”. “También se han registrado casos de trabajadoras y trabajadores que han sido retenidos hasta la llegada de la Ertzaintza –ha subrayado-, siendo los reproches e insultos por demás habituales”.

A criterio de la sección de reparto publicitario de CNT, estos ejemplos “son tan solo una pequeña muestra de lo que esta ocurriendo en este sector”. “A ello debemos añadir que en empresas como GPS y otras más pequeñas hay muchas y muchos empleados en condiciones de absoluta precariedad que ni siquiera están dados de alta a la seguridad social o tienen contratos muy por debajo de su jornada”, ha señalado.

La confederación anarcosindicalista ha calificado la situación como “insostenible” y ha remarcado que sólo sirve para colmar “la avaricia de unos pocos”. “Por mucho que las empresas de distribución publicitaria se empeñen, quienes trabajamos en este sector no somos carteros, ya que la publicidad no tiene dirección y este aspecto los vecinos y vecinas lo tienen muy claro”.

Por todo ello, CNT reclama que se dignifiquen las condiciones laborales de repartidoras y repartidores “regularizando está actividad comercial, haciéndola compatible con la salud e integridad del personal y respetando la voluntad de vecinas y vecinos”. A su juicio, “Tanto las marcas comerciales como las empresas distribuidoras no deberían mirar la rentabilidad a corto plazo, sino el mantenimiento del sector a futuro y, sobre todo, la salud de sus trabajadoras y trabajadores”. Asimismo, este sindicato también exige que los ayuntamientos adopten una normativa que ampare a los repartidores “como ya ocurre en otros lugares”.