Publicado en el nº 425 del Periódico CNT
Aplausos nada más llegar a la Moncloa, es un acuerdo “histórico”. Miles de millones de euros que van a estimular la maltrecha economía española. Medios especializados económicos hablan de una “tabla de salvación para España”. ¿Será así?
El impacto generado por la covid19 ha sido brutal a nivel económico: caídas del Producto Interior Bruto sin precedentes en el Reino de España, pero ese impacto también se ha dado en otras economías de Europa. Según el INE, el PIB de España cayó un 18,5% en el segundo trimestre debido a la pandemia del coronavirus. Esa cifra sólo la superó el Reino Unido, con una caída del 20,4%; la Eurozona se desplomó un 12,1% y el del conjunto de la Unión Europea un 11,7%. No hace falta abundar en datos estadísticos para ser conscientes del impacto inmediato que ha tenido sobre la economía.
Hay que resaltar que la configuración del tejido productivo no está ayudando mucho. La especialización de la economía del Reino en servicios de bajo valor añadido (turismo y hostelería, entre otros), de los sectores más golpeados por la crisis, está haciendo que la situación económica se agrave aún más. De hecho, son de los sectores en los que la posibilidad de teletrabajar es menor, una de las salidas que se ha fomentado durante el Estado de Alarma. Si nos centramos en la industria, ahora que se propone “reindustrializar el país”, el peso industrial en el Valor Añadido Bruto ha disminuido considerablemente durante los últimos años, pasando de ser casi un 15% del en 2006 a un 12,4% en 2018. Hay que apuntar que gran parte del sector industrial en el territorio, es auxiliar de la automoción, cuyas sedes se encuentran fuera del país; sector en el que ya son cada vez más evidentes los efectos que van a implicar el cambio de modelo energético de la automoción que se está operando a nivel mundial.
Tampoco hay que olvidar que, si a nivel macroeconómico la mal denominada “crisis” se estaba superando, muchas economistas estaban poniendo el dedo en la llaga señalando que las clases populares no habían superado la Gran Recesión y que estábamos a espuertas de una nueva crisis, más dura si cabe.
Este es el contexto en el que nos encontramos cuando se suscribe el acuerdo de julio de 2020.
Los números del acuerdo
Lo más común es que, cuando nos hablan de grandes cantidades de dinero, perdamos la referencia al no poder compararlo con los costes de nuestra economía habitual. ¿Cuál es la diferencia entre 60 o 100 millones de euros? 60 millones es el coste de un hospital y 18 millones el de su equipamiento; con este ejemplo nos podemos hacer una idea de lo que supone esa cantidad concreta, al hacerlo en referencia a algo con lo que compararlo. Un detalle que pocos medios han hecho.
El acuerdo, en lo que corresponde a los números, tiene varias partes. Por una parte está el Marco Financiero Plurianual (MFP), de 1.074.300 millones de euros, que es el presupuesto para la UE entre los años 2021 y 2027. El del anterior periodo (2014-2020) ha sido de 1.087.197 millones de euros, por lo que ha disminuido ligeramente. El apartado en el que el Gobierno Español y los medios han puesto el foco, ha sido el apartado Next Generation EU, en el que se ha acordado una cantidad de 750.000 millones de euros, de las cuales 390.000 millones serán transferencias directas y, 360.000 millones, préstamos. Aparte de esto, hay otro apartado de 540.000 millones de euros acordados para otras cuestiones. Para hacernos una idea de la magnitud de las cifras, 500.000 millones de euros es el total del gasto publico de todas las administraciones del Reino de España en un año (central, autonómicas y municipales). Esto es, el MFP para toda la Unión Europea entre 2021 y 2027 serían dos años de gasto público consolidado del Reino.
En el caso del Next Generation EU, el principal elemento diferencial respecto al presupuesto del periodo anterior (2014-2020) y que, además, ha sido lo disputado entre los gobiernos de la UE, predefine a que deben dirigirse las ayudas directas y los préstamos. Esto es, no son unos fondos que se concede a cada estado sin más, sino que tienen que seguir unas líneas prefijadas por la UE. La disputa se ha dado en la proporción que tendrá como origen subvenciones directas (que no se reembolsarán) y la parte que se realizará mediante préstamos (por el que se pagarán intereses, por supuesto). La parte negociada total que corresponderá al Reino de España es de 140.000 millones de euros, distribuidos en 72.700 millones de euros en forma de ayudas directa y 67.300 millones de euros en préstamos. Esto, ¿es mucho, o es poco? Para hacernos una idea, lo que le toca en ayudas directas al Reino es una cantidad similar al rescate bancario (que nunca se va a reembolsar, por cierto); o lo perdido del PIB entre enero y junio de 2020; o el 20% de todo el dinero que se ha inyectado a la banca desde 2008; también supone una cantidad similar a los recortes de la Administración Central entre 2009 y 2014. Quizás así nos podamos hacer una idea más precisa de lo que suponen las ayudas directas (que no son endeudamiento) del Next Generation EU para el Reino de España.
Sin embargo, un elemento que curiosamente ha pasado desapercibido ha sido el punto del acuerdo en el que se detalla que los Estados miembros elaborarán planes nacionales de recuperación y resiliencia que expongan el programa de reformas e inversiones, esto es, la condicionalidad de elaborar (y aplicar) reformas. Nada bueno para la clase obrera.
Un maná caído de Bruselas…o no
Para seguir contextualizando, hagamos un poco de memoria. En octubre de 2008, en esa época en la que se hablaba de refundar el capitalismo, se acordó un Plan Europeo de Recuperación Económica. La parte que le correspondió al Reino fue de 90.000 millones, un 8,1% del PIB. En el caso del acuerdo de julio de 2020, la cantidad recibida entre ayudas directas y préstamos será más o menos un 11%, algo mayor. Pero hay que resaltar que el golpe ahora sufrido por la economía proporcionalmente es bastante superior.
También queda la sensación que, desde la UE sólo fluye dinero a España; sin embargo, eso no es cierto. Si analizamos el saldo financiero entre el Estado y la UE entre 2007 y 2019, resulta que se ha percibido de manera neta 6.675 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo este periodo, la Unión Europea ha aportado algo más de lo que el Estado le ha remitido. Sin embargo, hay que señalar que en ese periodo de Gran recesión, han salido del Reino a Bruselas 146.684 millones de euros. Esto viene a contextualizar mejor lo que supuso la ayuda y lo que realmente ha sido.
En el periodo 2021-2027, entrarán las ayudas europeas, pero también desde Madrid se va a enviar dinero a Bruselas. Tal como ha calculado Stuart Media, de la Red MMT, en este periodo, se van a dirigir a Bruselas 52.126 millones de euros. Entonces, ¿que va a quedar de esos tan celebrados millones de euros? Pues sobre 20.500 millones de euros, un 4,1% del los gastos de todas las administraciones en un año del Reino, ya que los otros 67.300 millones se van a devolver con intereses.
Nadie da nada gratis, y menos la UE
Lo más evidente va a ser que a cambio de las ayudas, van a tenerse que aplicar reformas. La cuestión es que, hasta que se negocien, no se sabe qué reformas se van a aplicar. Sin embargo, un breve repaso histórico nos recuerda que las grandes condicionalidades han sido reequilibrar el déficit público al 3% , que la deuda pública sea del 60% en relación al PIB, y las “recomendaciones” para intentar alcanzar esas cifras han sido reformas que muchas veces han sido recortes. El cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para los estados políticamente menos fuertes es una obligación, y no parece que se vaya a poner en duda. Por estas razones se debe que si analizamos el total del gasto consolidado de todas las administraciones del Reino, ahora prácticamente estamos a los mismos niveles de 2008 (tras una década en la que ha disminuido), mientras las necesidades sociales han ido aumentado: los efectos presupuestarios de la Gran Recesión no se han recuperado. Además, el artículo 135 de la Constitución ha supuesto una verdadera camisa de fuerza para las administraciones públicas.
En este contexto, ¿va a ser posible derogar la reforma laboral, tal como lo habían propuesto los partidos gobernantes? Ya se han demorado en el tiempo pero, con este acuerdo, desde Bruselas seguramente se limite una reforma laboral a algo homeopático. ¿Qué va a ocurrir con el sistema de pensiones? Pues en este contexto, las presiones para que el sistema sea “sostenible” van a ser aún mayores: profundización de los sistemas privados, dificultar el acceso a una pensión digna y obstaculizar las jubilaciones antes del límite de edad legal.
Una de las propuestas que se han escuchado por parte de miembros del ejecutivo central ha sido la necesidad de cambio en el modelo productivo, necesidad que ha quedado absoluta evidencia tras el varapalo que está sufriendo la economía. Se ha subrayado en la necesidad de reindustrializar el país. ¿Es esto algo factible?
El papel de la economía española respecto a la europea es de subsidiaridad y especialización en servicios de bajo valor añadido: la entrada en la CEE en 1986 reforzó esa tendencia, desmontando parte de la industria al caer del 24,4% del PIB en el año de entrada al 12,4% en 2018. ¿Qué razones se pueden dar para que los países miembros permitan fomentar la industria en un país que, probablemente pueda ser su futura competencia? Los países miembros de la UE son los que van a analizar las propuestas y, como es evidente, van a analizar punto por punto teniendo en cuenta cómo afecta a sus intereses económicos. Por lo que ese modelo de cambio productivo, bajo las reglas actuales, se intuye como algo realmente difícil.
La clase obrera qué puede esperar
Las claves del acuerdo europeo de julio pasan por tener en cuenta que todavía quedan muchos flecos por cerrar. Sin embargo, esta claro que la cantidad a recibir, haciendo cuentas con lo que se está pagando, no es para echar cohetes, aunque es más que nada.
Es probable que el peaje que tengamos que pagar sea caro (qué extraño, por cierto). La negación a derogar la Reforma Laboral, o su retraso, puede que haya sido una señal a la UE para no aumentar los nervios antes de la firma del acuerdo. De momento no se atisba una mejora sustancial de la legislación laboral a favor de la parte más débil, los y las trabajadoras.
El gasto público, sobre todo el que está relacionado con la aplicación de derechos sociales y bienestar, no tiene visos de que vaya a aumentar en la proporción necesaria; siempre tendremos los límites marcados por el Pacto de Estabilidad (que nadie habla de eliminar) y por la prioridad de pagar la deuda, antes de dedicar esos recursos a la ciudadanía. Lo que si vamos a tener es un aumento del endeudamiento (y su pago, y el pago de intereses) que va a limitar más aún la capacidad de las administraciones.
Hasta aquí llega la política parlamentaria y el juego dentro de los márgenes de la Unión Europea, no hay más recorrido. Sólo la organización, movilización, presión y acción directa van a poder revertir esta situación que se nos viene encima.
