Entre tanto humo de contenedores ardiendo, ni tan siquiera los grandes medios de comunicación han conseguido una buena foto de la violencia tan arraigada y prolongada en el tiempo. Ni incluso cuando han de venir desde Europa a echarnos una mano debido a nuestro, a veces, primitivo sistema judicial. Y no, no me refiero a los grupos anarquistas franceses e italianos venidos como enviados especiales para agitar las calles de Barcelona. Me refiero, antes bien, a los Tribunales Europeos que por enésima vez condenan a España por no investigar hechos violentos. Y, por supuesto, con los hechos violentos no me refiero a los disturbios que se están sucediendo desde hace varios días en protesta por la detención de Pablo Hasel. Me refiero a la violencia estructural de un país donde precisamente un rapero es encarcelado por expresar su opinión en sus letras y en las redes sociales.
En primer lugar, nos encontramos con que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar la denuncia interpuesta por una mujer tras ser agredida por la policía tras la manifestación Rodea el Congreso en 2012; esa manifestación, por cierto, que la derecha y algunos medios no dudaron en comparar con el asalto al Capitolio del 6 de enero. Como cabe imaginar, si el Tribunal Europeo ha intervenido en este caso es porque existen pruebas tales como un parte de lesiones, testigos y vídeos emitidos por medios de comunicación. Y del mismo modo, cabría pensar que si esta denuncia ha llegado al Tribunal Europeo es porque se han agotado todas las vías judiciales previas, como haber sido denegada por un Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla, por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Europeo subraya, además, que la falta de identificación de los agentes de policía, práctica bastante habitual, puede suponer una vulneración al derecho de una investigación efectiva.
Si nos remontamos unos pocos meses, nuevamente el Tribunal de Estrasburgo tuvo que intervenir por caso omiso a una denuncia de torturas. Se trata de la décimo primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no investigar las denuncias de torturas producidas en los cuarteles del Reino. Conviene subrayar, además, que de las once condenas, esta última es la sexta cuyos torturados dependían del actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Ese Fernando Marlaska al que EH Bildu y ERC han pedido compadecer en el Pleno del Congreso tras hacerse públicas las grabaciones sobre una conversación entre el excoronel de los servicios secretos del CESID, Juan Alberto Perote, y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, en la que admiten que el joven Mikel Zabalza murió al ser torturado. Pues bien, la Junta de Portavoces del Congreso ha rechazado que el ministro del Interior rinda cuenta en el Pleno. Tal vez no sorprenda que los partidos que han sostenido esta mal llamada democracia desde la transición hayan votado en contra, pero lo mismo ha hecho Unidas Podemos alegando que el actual ministro del Interior no tiene ninguna responsabilidad en los hechos acaecidos hace 36 años. Ese Unidos Podemos que antes de formar parte de las estructuras del Estado prometía acabar con el Régimen del 78. Y es que el problema no es únicamente quién fue el ministro del Interior en ese momento, sino que es una prueba más de que en los cuarteles de España las torturas se han producido de forma sistemática.
Así lo demuestra una investigación liderada por el forense Paco Etxebarria, que señala que entre 1960 y 2014 fueron documentados 4.113 casos de tortura y malos tratos, advirtiendo, además, que la incidencia real fue bastante mayor; ya que una gran parte de los casos sucedidos en la dictadura no se han podido acreditar. Quizá no nos sorprenda que durante el franquismo se practicara la tortura de manera sistemática, y por ello cabe destacar que del total de los casos cifrados únicamente 1.081 corresponden al periodo de la dictadura y de los primeros años de la transición hasta 1978.
Mientras los grandes medios de comunicación nos invitan a condenar los disturbios tras la detención del rapero Pablo Hasel, señalando que la violencia no es la respuesta, a pesar de haber agotado todas las vías previas, Europa nos tira de las orejas por desoír las denuncias de los ciudadanos que han sufrido la violencia por manos del Estado. Y es que la violencia, por supuesto, no es del agrado de nadie, pero la historia una vez y otra ha demostrado que, la mayor de las veces, la violencia solo se puede contrarrestar con violencia. El problema viene cuando la violencia no está solo en unas manos, monopolizada por el Estado; el poder se inquieta cuando la violencia cambia de bando.
