Entrevista de Juanjo Basterra publicada en Sare Antifaxista. Imagen de Unai Arraiza.

Endika Alabort, economista y miembro de CNT, disecciona en esta entrevista en Sare Antifaxista lo que está ocurriendo en el ámbito de la economía y la situación sociolaboral en estos momentos de crisis para los de siempre: las clases populares, la clase trabajadora, mientras que la élite económica y empresarial siguen acaparando grandes beneficios. A su juicio, “la forma para volver a generar crecimiento económico parece que va a ser mediante los conflictos bélicos, que generan grandes beneficios a la industria armamentística y al mundo financiero”. 

Alabort destaca, de todas maneras, que ya partíamos de una situación crítica para la clase trabajadora con las reformas laborales que no se han derogado. Mantienen las amenazas contra trabajadores y trabajadoras. Según él, “lo peor de todo ha sido que se ha vendido de manera obscena la derogación de la reforma laboral de 2012, cuando no es así” y afirma con rotundidad que “se puede estar teniendo beneficios y despedir barato. Esto no deja de ser una bomba de relojería que estalla cuando el empresario desea, a costa del empleo de los y las trabajadoras”. 

Lo que tiene muy claro es que “estamos en una guerra entre el capital y el trabajo, y quién decide subir los precios, es el capital” y, en este caso, añade que esa intención de fijar  un ‘pacto de rentas’ “es algo similar a los Pactos de la Moncloa: moderación salarial a cambio de algo que no sabemos muy bien qué es, con el objetivo de que el ‘Régimen del 78’ sobreviva”. Aunque ve difícil el panorama, admite que hay esperanza en el mundo laboral. “El sindicalismo y solidaridad de clase, dejando de lado las políticas de pacto social y dependencias de partidos políticos, son las herramientas que nos pueden facilitar esa visión en conjunto que aúne las luchas de clase. hay esperanza, que nos hace falta”.

El conflicto entre Ucrania y Rusia nos mete, de nuevo, en una crisis económica, ¿qué debemos de saber de la crisis? ¿Hay motivos para alarmarse o nos están metiendo el miedo en el cuerpo para evitar que las clases populares reclamen la parte que les corresponde de la riqueza que se crea, de nuevo?

Estamos en una dinámica económica que, para las clases populares de Europa Occidental, la situación negativa se está acelerando; para las de otros territorios, ya era negativa por sí. Tal como comentábamos en febrero del año pasado, los ciclos económicos se están acortando cada vez más, y parece ser que la salida que las élites están proponiendo, es la de una posible “regionalización” de la economía, en bloques; esta puede ser una de las interpretaciones de la actual fase de la globalización económica. Es algo que desde medios académicos ya se manejaba, la posible deriva de la globalización de finales del siglo XX a una globalización regionalizada. Si bien, a día de hoy todavía no está claro si esta vía es la que se impondrá.

Lo que sí está claro es que, para el caso europeo, las políticas de austeridad no han ayudado a la economía en general, aunque sí a las élites financieras. La respuesta ante la pandemia ha sido una barra libre de financiación que las clases trabajadoras tendremos que pagar más adelante, ya que, de proseguir con las políticas de austeridad, el riesgo de impagos habría afectado directamente al sistema financiero, y eso es algo que de momento no van a tolerar desde Europa. Sin embargo, lo que tenía que haber sido un nuevo Plan Marshall, parece que no acaba de arrancar, ya que las tasas de crecimiento del PIB siguen incumpliendo las previsiones tan optimistas que había a finales de 2020.

Ante esta situación, la respuesta incentivada desde (sobre todo) Estados Unidos y los estados europeos está siendo un neokeynesianismo de guerra. Neokeynesianismo porque el Estado interviene en el mercado, pero no se está apoyando los controles estatales a las empresas, entre otras cuestiones; de guerra porque la forma para volver a generar crecimiento económico parece que va a ser mediante los conflictos bélicos, que generan grandes beneficios a la industria armamentística y al mundo financiero, como elementos clave a la hora de tirar de la economía.

Lo que se encuentra detrás de esta deriva es el posicionamiento del capital para controlar recursos y mercados, ya que son conscientes de los problemas ecológicos y sociales que nos vienen encima.

Tras este contexto general, si aterrizamos en la calle, más allá de los cambios de estrategia económica que puedan realizar las élites, lo cierto es que la guerra ya está siendo propuesta como excusa para atenuar las exigencias de los y las trabajadoras, como antes lo fue “la crisis” (de 2008) y luego la pandemia. Siempre hay una excusa para no redistribuir la riqueza, y las perdedoras somos las de siempre: los y las trabajadoras.

Sí hay sectores que se van a sentir afectados, sobre todo derivado del aumento del precio de diversos productos, entre ellos los energéticos. Si atendemos a empresas, el Gobierno Vasco ha detallado que son 32 las empresas con implantación en Rusia, del que la Comunidad Autónoma es importadora neta. Aún así, mi intuición dice que esto no es más que otra fase de la crisis permanente en la que nos encontramos, por lo que para las que llevamos desde 2008 en crisis, nos lo quieren pintar muy mal, cuando la situación ya era mala. Estos augurios no dejan de ser otro dique de contención para que no nos apropiemos la riqueza que nos corresponde como clase productora, creadora de la riqueza.

Si antes la excusa de los incrementos de luz, gas, gasolina, productos de primera necesidad…era la crisis del Covid 19, ahora es la guerra, ¿los paganos siempre son los trabajadores, las capas populares?

La maquinaria propagandista bélica se ha puesto en marcha y es evidente que todo lo que no sea apoyo a la guerra, es censurado: hay que cerrar filas en favor de la guerra, esgrimiendo la defensa de supuestos valores “democráticos”, la defensa de un país agredido, haciendo vergonzosos símiles con la guerra civil española para justificar el envío de armamento, que, como ha quedado en evidencia, muchas de las veces ha ido a parar a manos de ultraderechistas.

¿Quién gana y quién pierde con la guerra? Es un tópico decirlo, pero quienes mandan ir a la guerra (o la fomentan o financian) no son los que empuñan las armas o acaban bombardeadas y desplazadas. Era evidente que un conflicto de este calibre afectaría a los precios de muchos elementos básicos, entre ellos la energía, pero se ha convertido en la excusa perfecta para aumentar el gasto militar, en detrimento de las necesidades más básicas de toda la población.

El rearme y mayor destino de recursos al ámbito militar y policial van a ir en aumento, por cuestiones de control social, tal como ha evidenciado la pandemia, como por razones geopolíticas, como lo está siendo ahora. A los gobernantes les faltaba una excusa que ahora tienen y la van a convertir en razón de Estado. Como ejemplo tenemos las declaraciones de Josep Borrel y Ana Patricia Botín pidiendo esfuerzos a la ciudadanía para asumir los costes de la guerra.

Quienes financiamos las guerras somos los y las trabajadoras, y también quienes sufrimos sus consecuencias. No deja de quedar en evidencia la lucha de clases, en la que las últimas crisis no han hecho más que desequilibrar la balanza a favor del capital. Sin organización, somos las clases populares las que asumiremos estos costes.

¿Por qué los gobiernos no se atreven a tomar medidas reales de apoyo a la mayoría de la población, puesto que seguimos viendo que la riqueza sigue creciendo para los ricos y va de manera imparable en el siglo XXI y, por el contrario, la pobreza también sigue creciendo?

Por un lado está la propia debilidad de los gobiernos en general, que en los últimos 30 años, bajo las premisas ideológicas neoliberales, que en el caso europeo se condensan en el Tratado de Maastricht y a nivel global en el Consenso de Washington, se han ido despojando de herramientas que les podría haber dado cierto margen de maniobra en lo que corresponde a la economía. La política monetaria está en manos del Banco Central Europeo, en la que los estados miembro no pueden incidir; la política fiscal también está limitada, al seguir las recomendaciones de los organismos internacionales y las autoridades de la Unión Europea. Y sobre el gasto público, más de lo mismo: ahora se ha dado cierta flexibilidad, pero habrá que ver si se mantiene la misma en los próximos años y a cambio de qué.

Por otro lado, los gobiernos no controlan la totalidad del Estado. El caso de los poderes judiciales es evidente, y no por su independencia, sino por su parcialidad. Pero no debemos olvidar a los altos funcionarios, las fuerzas policiales y militares, entre otros, que pueden tener una agenda diferente a la del gobierno y torpedear todo avance social que se legisle.

Además, está la dependencia en los diferentes poderes económicos: con un bombardeo mediático pueden tumbar gobiernos con facilidad, con un bloqueo financiero pueden generar muchos problemas o, con cierres patronales, intentar acosar a un gobierno.

En resumen, si tenemos sólo en cuenta al gobierno, hay una debilidad manifiesta, una dependencia de los poderes reales y una incapacidad para tomar medidas tajantes. Así se puede explicar que un 25% de los niños y niñas de la Unión Europea sean pobres, en la que el Reino de España está a la cabeza (30%) y un 26,7% en la CAPV, y no se aborde este problema desde ya. La política del mal menor nos lleva a estas crudas realidades.

Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda revertir la situación. Por muy progresista que sea un gobierno, si ese gobierno no siente la amenaza popular, jamás tomará medidas que pongan en riesgo al poder. Y digo amenaza, que no presión. Solo bajo una organización popular, independiente de partidos políticos, con una hoja de ruta anticapitalista y antiautoritaria, se puede coaccionar a un gobierno a obtener concesiones a favor de las clases populares. Un sindicalismo independiente y de intención revolucionaria; organizaciones barriales y de pueblos, movimientos sociales no subvencionados… pueden forzar situaciones en las que las clases trabajadoras salgan ganadoras, a pesar de la intención que tenga el gobierno de turno. Es así como se debería entender que un gobierno tomase medidas drásticas en contra de la pobreza y del abuso empresarial; si estamos esperando que un número determinado de diputados tomen ese tipo de medidas, delegando, pues lo que tenemos es la realidad actual.

Llegar a ese punto no es fácil, pero es posible. Y llegado a este caso, la cuestión quizás debería ser si realmente necesitamos un Estado, o nos podemos organizar de otra manera, más democrática, antiautoritaria, participativa y con una orientación transformadora de la sociedad.

Cuando debiéramos de estar hablando de la reforma laboral y sus consecuencias, ha aparecido el conflicto Ucrania-Rusia. ¿Crees que la reforma laboral va a mejorar las condiciones de trabajo?

Ha habido grandes disputas sobre si supone mejoras o no. Los sindicalistas y expertos que han defendido sus bondades, entre los que se encuentran personas que estimo y respeto, han subrayado ciertos avances.

Yo diferenciaría dos niveles, uno jurídico y otro que afecta directamente a los y las trabajadoras. La mayor controversia se ha producido en primer nivel. Los firmantes han defendido las bondades de la misma, afirmando que supone un gran paso adelante; sin embargo, en mi opinión, esta reforma puede ser profunda, pero no efectiva. Y es una opinión avalada también por juristas.

Para confirmar que supone un avance, habría que analizar todo el contexto: la Reforma Laboral de 2010 abrió la puerta a la flexibilidad interna, mientras que la de 2012 la amplió en toda su extensión. Lo que hacen estas dos reformas laborales es situar a la clase trabajadora en la más absoluta debilidad en el ámbito de la relación laboral. Esta última reforma no lo invierte; las medidas planteadas en la reforma han tratado la flexibilidad en el acceso a las empresas y los tipos de contratos, pero no se ha reducido la flexibilidad en el despido, que es la que refuerza la situación de la clase trabajadora.

El segundo nivel es el que afectará directamente a los y las trabajadoras, que es lo que en verdad importa. Se pueden modificar el turno, el lugar de trabajo y el horario, a la vez que se despide al trabajador libremente y con indemnizaciones ridículas. Por tanto, en esta situación es muy difícil que las trabajadoras hagan cumplir a las empresas una serie de normas, aunque estas estén recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. Esto, que ni se ha tocado, es la base de las Reformas Laborales de 2010 y 2012. Por eso afirmo que esta reforma laboral no es eficaz.

En resumen, lo que se ha hecho es el juego del trilero. Se han dado algunos avances insuficientes, algunos de ellos ya aprobados previamente por los Tribunales, como la ultraactividad; se han adoptado otras medidas de maquillaje para aumentar estadísticamente los contratos indefinidos, aunque se mantiene vigente el despido libre; y la flexibilidad interna y externa no se han tocado. Por eso no se puede afirmar que sea una mejora sustancial.

Lo peor de todo ha sido que se ha vendido de manera obscena la derogación de la reforma laboral de 2012, cuando no es así. Además se ha jugado a confundir, al señalar desde el Ministerio de Trabajo que no era técnicamente posible, desdiciéndose posteriormente. Yo puedo entender que, en un momento dado, sindicatos firmantes y Trabajo digan que este acuerdo es el único posible vista la correlación de fuerzas actual (cosa que no es cierta y que no comparto), pero decir que se ha derogado la reforma de 2012 es un engaño en toda regla.

Yendo un poco a desmontar esa reforma laboral, quienes la han firmado nos dicen que creen los empleos fijos, pero la realidad es que en los primeros meses se han firmado muchos menos contratos fijos que un año antes. ¿Cómo ves la estabilidad del mercado de trabajo? Y ¿crees que todos esos contratos de obra y servicio, que en teoría desaparecerán, se van a convertir en fijos? ¿Hacia dónde van a ir esos contratos?

Habrá que ver. De momento, y si dejamos de lado la excepcionalidad del año 2020, el aumento de los contratos fijos se debe más a la conversión que a nuevos contratos; y además, el número total de contratos firmado ha sido menor en general.

Creo que la dinámica de despidos colectivos por EREs y por concursos de acreedores va a aumentar, porque con los ERTEs muchas empresas lo que han hecho es posponer este tipo de medidas drásticas. Por otro lado, si se confirma la ralentización de la economía, los despidos por causas económicas, descuelgues de convenio y no renovaciones van a aumentar. Hay que señalar que una de las causas que no se han tocado en la reforma, las económicas, dan barra libre para despedir casi gratis: un situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas. Esto es, se puede estar teniendo beneficios y despedir barato.

Esto no deja de ser una bomba de relojería que estalla cuando el empresario desea, a costa del empleo de los y las trabajadoras. Por eso, interpreto que el mercado laboral seguirá siendo un ámbito inestable para los y las trabajadoras, en las que probablemente aumente la rotación de personas del empleo al desempleo, y viceversa.

En lo que corresponde a los contratos por obra y servicio, se ha dicho que pasarían a ser indefinidos. Sin embargo, hay que puntualizar: los que estaban firmados antes del 31 de diciembre de 2021, seguirán igual hasta su finalización. Por lo que pueden duran 3 años, más la ampliación que le haya dado el convenio colectivo correspondiente. Tiempo de sobra para las empresas, que están utilizando con el objetivo de mantener unas condiciones similares o acabar despidiendo. Se sigue dando barra libre con la contratación temporal por circunstancias de la producción y, de hecho, se amplía, cuando es la fuente del mayor fraude empresarial en el Estado Español. Y por último, tenemos la contratación indefinida, en el que el número de contratos fijos discontinuos ya se han multiplicado; contrato precario por definición.

Es probable que buena parte del impacto de la reforma se demore hasta mediados o finales de año, y que el tipo de contratación por circunstancias de la producción y fijos discontinuos aumenten de peso. Pero lo que no va a reducirse es la rotación, para eso hacen falta herramientas como una Inspección de Trabajo con plantilla y recursos suficientes, y unos sindicatos que cumplan su papel en este ámbito, además de plantillas movilizadas.

La inflación creciente perpetúa la pérdida de poder adquisitivo de la población, ¿crees que hay que reclamar subidas salariales ligadas a la inflación?

Llevamos unos meses en los que los medios nos están alertando de una inflación cada vez mayor, remitiéndose a los años 80 y hablando de estanflación. Lo que no analizan es el origen de la misma y quiénes lo están fomentando.

A día de hoy, todavía se enseña en las facultades de economía la Curva de Phillips, que relacionaba desempleo y tasa de inflación: a menor desempleo, mayor inflación. Ha sido la excusa durante decenios para que hubiese un alto desempleo, como peaje para bajar la inflación y, sin embargo, la realidad empírica le ha quitado el peso a esta relación.

La cuestión es, ¿por qué hay ahora una inflación relativamente más alta que en la década previa? Estamos en una guerra entre el capital y el trabajo, y quién decide subir los precios, es el capital. A partir del verano de 2021 los beneficios empresariales han repuntado rápidamente, y con una situación de disminución real de salarios, cualquier excusa vale para aumentar los precios, aprovechando para recomponer márgenes. Esto es, hay crecimiento económico, estancamiento salarial… pues otra vía de aumentar beneficios (a costa de la clase productora) son la subida de precios.

A nivel internacional, se está especulando con los productos básicos y con los energéticos; dentro del Estado, también. Han quedado en evidencia grandes cadenas de distribución alimentaria; mientras los rentistas pujan por subir el precio de los alquileres.

Ante esto, ¿los y las trabajadoras nos quedamos quietas? No. Durante los años más duros de la crisis muchas empresas han tenido beneficios; otras utilizan la legalidad para aparentar que apenas los tienen. Ya hemos perdido capacidad adquisitiva, al menos desde que entró el Euro, y todavía no la hemos recuperado. ¿Vamos a perder más para que ganen unos pocos? No. Es por ello que hay que defender la subida salarial ligada al incremento del coste de la vida.

Desde la patronal y las empresas se nos dirá que, entonces el negocio no es viable. Ahí hemos de tener una propuesta clara: la eliminación de gastos superfluos como los altos cargos, directivos y similares. Entrar a debatir el mismo funcionamiento de la empresa, con el objetivo de su recuperación por parte de los y las trabajadoras.

No hay que olvidar que a la inflación se le ha llamado el impuesto de los pobres y golpea más fuerte a las rentas más bajas. 

¿Qué opinas del supuesto ‘pacto de rentas’ que se empieza a hablar mucho para limitar el aumento salarial ligado a la inflación? Es algo así como los Pactos de la Moncloa, que perpetuaron la transición y el régimen del 78. Desde años ochenta los trabajadores han sufrido más de 50 reformas laborales, que han impuesto condiciones de temporalidad y peores contrataciones, que nos han llevado a un mercado laboral superprecario.

Por lo que he podido leer, el planteamiento es algo similar a los Pactos de la Moncloa: moderación salarial a cambio de algo que no sabemos muy bien qué es, con el objetivo de que el ‘Régimen del 78’ sobreviva.

En los últimos años se ha referenciado a la Transición, pasando los “críticos del sistema” de denostarla a ponerla en valor, una vez han tocado poder. La realidad es que este régimen lleva en crisis desde 2011, y todavía no se ha cerrado con una alternativa estable para los poderes reales, que es lo que se está intentando acordar.

Si hacemos un resumen de lo que ha supuesto este Régimen, fue el desarmamiento de la clase trabajadora a cambio de participar en el poder (y de su corrupción sistémica) sin tocar los elementos clave del franquismo: unidad nacional española, amnistía para los crímenes de lesa humanidad y mantenimiento en el aparato del Estado del franquismo.

Desde 2011 esto está en crisis, y lo que se propone es un engaño en toda regla. Es el enésimo intento de relegitimación de ciertos partidos políticos y sindicatos pactistas. Sólo que ahora partimos de una situación de mayor desorganización y debilidad por parte de la clase trabajadora.

Aún así, creo que un pacto de este tipo ni siquiera serviría para que el régimen superara la crisis que padece. Si en los 70 existía la posibilidad de mejorar el nivel de vida con esa transacción, a día de hoy habría que ser muy ingenuo para creerlo. Además que partimos de más de una década en la que las empresas han hecho lo que han querido, a costa de un recorte brutal en el escasamente desarrollado Estado del Bienestar y una devaluación salarial enorme.

¿Qué te parece que las pensiones hayan aumentado con la media del IPC anual y no como lo hacía antes de su intervención por el Gobierno del PP que se incrementaba sobre el IPC de noviembre? ¿El Gobierno español con quienes le apoyan están “atracando” a los pensionistas?

Las pensiones son una patata caliente para el gobierno de Madrid: por un lado, se quiere reducir su cantidad global debido al peso específico que tienen; por otro, cualquier reforma que aborde la sostenibilidad de las mismas, ha de afrontar la mejora firme de las condiciones laborales actuales, cosa que ni se han atrevido a hacer desde el ejecutivo de Madrid. Y luego tenemos las presiones del capital financiero para quedarse con todo el pastel, con sus cómplices en el gobierno y en la Administración. El punto de equilibrio que han elegido se encuentra al lado de los poderes financieros y no de los y las pensionistas.

Con esos mimbres, la política a largo plazo es el fomento de las pensiones privadas, y para eso hay que ir desinflando poco a poco las pensiones públicas. Así se entienden las propuestas de Escrivá, que ha trabajado en el Banco de España, Banco Central Europeo, BBVA y AIReF (órgano gubernamental de fiscalización de las cuentas públicas), de retraso en la edad de jubilación, aumento del periodo de cálculo de las pensiones, entre otras, no dejan de ser continuistas con las realizadas en los gobiernos del PP.

El hecho de tomar el IPC anual en vez del de noviembre, pues le supone un pequeño ahorro al Gobierno, pero desde el punto de vista del aumento del coste de la vida, se les complica a los y las pensionistas. Entiendo esta medida gubernamental como otro pequeño paso más para seguir erosionando el sistema público de pensiones, con cómplices directos y por omisión.

Por último, ya sé que no tienes la bola de cristal, pero ¿cómo ves el futuro cercano a nivel económico y laboral?

El titular sería tiempos convulsos. Los que verdaderamente tienen el poder económico están haciendo apuestas muy agresivas, tomemos como ejemplo el caso de la guerra ruso-ucraniana, las sanciones a Rusia y el papel que está jugando el gobierno de Estados Unidos en todo ello, con el alto coste en vidas y golpe a las economías involucradas. Por otro lado, muchos aplaudían el viraje de la Unión Europea con el Pacto de Resiliencia, sin entrar a analizar quién lo financiaba y el coste que acarreaba. Los supuestos beneficios van a mermar mientras las clases populares pagaremos por ello, ya sea vía reformas o recortes en derechos. En resumen, no veo un periodo estable de crecimiento económico a corto plazo, sino vaivenes constantes sin lograr un equilibrio; vamos, lo que ha sido el capitalismo de toda la vida, sin un control serio.

En el aspecto laboral, sin embargo, si veo una posibilidad de generar un clima en el que se puedan dar avances. La dinámica de luchas en empresas concretas, que han contado con la solidaridad de trabajadores y trabajadoras de otros centros, han encendido la chispa del apoyo mutuo que hace falta para empezar a revertir la situación. Es un inicio. El sindicalismo y solidaridad de clase, dejando de lado las políticas de pacto social y dependencias de partidos políticos, son las herramientas que nos pueden facilitar esa visión en conjunto que aúne las luchas, que las ayude a coordinarse. Hay camino por recorrer, pero también hay esperanza, que nos hace falta.