Bueno, el caso es que como han venido los Peperos, que son muy malos, pero que muy malotes, nos impusieron una reforma laboral el pasado año donde uno de sus puntos era precisamente ese, fijar una fecha y llegada ésta, si no hay convenio firmado, renovado o como se le quiera llamar, se pasaría a aplicar el convenio de ámbito superior o, si no hubiere, el Estatuto de los Trabajadores. Dicho de otra forma, si nos regíamos, en el sector que sea, por el Convenio Provincial y no hay renovación, se nos aplicaría el Convenio Estatal o, de no haber, pasaríamos al Estatuto. Podría también hablar de los Convenios de Empresa pero mi intención en este artículo va en otro sentido.

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 1999 se desarrollaron en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco un ciclo de conferencias bajo el título genérico de “El trabajo en el siglo XXI”. Fruto de ello, la revista de la Escuela Universitaria “Lan Harremanak”, en su nº2, recopiló las aportaciones realizadas por los ponentes que concurrieron a dichas jornadas. Una de las charlas corrió a cargo de Andoni Kaiero Uria, Catedrático de Sociología por la Universidad de Deusto, cuya ponencia se tituló Los retos del sindicalismo en el siglo XXI. A continuación transcribo uno de sus párrafos:

“Pero es que además, desde 1980 la representatividad de los sindicatos no se fundamenta en la afiliación, sino en los votos que obtienen de los trabajadores en las elecciones que periódicamente se realizan en las empresas. Como es bien sabido, el derecho de los sindicatos a estar representados en las instituciones públicas de empleo (participación institucional) y en las mesas de negociación proviene, según ley, de los delegados y miembros de comités de empresa que obtengan en las empresas. Esta construcción, copiada en parte también de Francia, parece una prima a la no afiliación (¿para qué me voy a afiliar si ya les voto?) y llevó a G. Adam a idear una nueva tipología de sindicatos: los que basan su fuerza en la afiliación (sindicato asociación) y los que lo fundamentan en los privilegios de la ley (sindicato institución). Aparte de otras consecuencias que luego señalaré, apoyar el sindicalismo en una construcción institucional o legal puede traer como consecuencia que un gobierno, en la coyuntura conveniente, se atreva a cambiar las leyes y las bases de este tipo de representatividad, con lo que asistiríamos a una especie de refundación del sindicalismo”.

Lo que transmite este párrafo es algo que lleva denunciando la CNT desde hace mucho tiempo, pero he preferido escoger una publicación, un ponente y un texto ajenos, a los que difícilmente se les podrá encuadrar en un ambiente revolucionario, para que no haya resquicio a la utilización de ese argumento tan sinsorgo de lo exagerados que somos los anarcosindicalistas.

Resumiendo, por si alguno no se ha enterado, el caso es que tenemos un sindicalismo institucionalizado, que es lo mismo que decir domesticado, cuya capacidad de reacción se ve totalmente tetrapléjica en el momento en el que el gobierno de turno impone una reforma que la propia Patronal y la Banca han diseñado. Se podrá decir que no descubro nada nuevo puesto que reformas, en los últimos lustros, las ha habido para dar y tomar. Sí, es cierto, pero no voy a las reformas de contratos, bajas, despidos, pensiones, etc., que las sufrimos de lleno los trabajadores pero que no afectaban para nada a lo que podríamos llamar modelo o estructura sindical institucional. Voy directamente al tema de la ultraactividad, cuya reforma, al poner sobre la mesa la nula capacidad del sindicalismo institucionalizado para doblegar a la Patronal en la firma de un convenio sectorial provincial, supone borrar el sindicalismo de un plumazo, abocándolo, como mucho, a la negociación en el ámbito de la empresa.

Critica el sindicalismo institucionalizado a la Patronal acusándola de que, desde el poder absoluto que le da ahora la Ley para hacer y deshacer las relaciones laborales a su antojo, no ha mostrado voluntad para llegar a ningún acuerdo. Parece ser que se ha olvidado que con Ley o sin ella la Patronal cumple su principal función que no es el eufemismo de la “creación de empleo”, sino la realidad de su razón de ser: la explotación. La ampliación de Poder que se le otorga a la Patronal ante la pérdida de vigencia de un convenio sectorial,  con la capacidad de decisión unilateral en materia laboral, es un instrumento que se le pone en la mano a la casta empresarial, pero cuya aplicación no es obligatoria. ¿Por qué pretenden aplicarla? Porque se trata, vuelvo a insistir, de un sistema de explotación, y ante un escenario de este tipo el bienestar social pasa a un segundo plano, en el caso de que hubiese llegado a existir.

El sindicalismo institucionalizado se ha dormido en sus laureles, como si este escenario desmovilizado se presentase de repente. El fin de la ultraactividad es una muerte anunciada con mucha anterioridad cuya puntilla se da en los primeros coletazos del año 2012 cuando el gobierno del PP la expone con el pecho henchido de ardor guerrero, ante lo cual a este sindicalismo de despacho, durante varios meses, sólo se le ha ocurrido convocar raquíticas manifestaciones en horas de trabajo, a las que únicamente pueden asistir delegados en uso de horas sindicales, y en estos últimos días ha pretendido hacer un sprint final con unas huelgas y paros que algunos hemos secundado con toda nuestra dignidad, pero que han sido prueba fehaciente de la confusión, despiste, o parasitismo que reina en las cúpulas del sindicalismo profesional. Mi mayor deseo, por finalizar ya,  es que sus bases tomen buena nota de ello y se den cuenta de que ciertos caminos es mejor no tomarlos.