Escrito de Robin Hanhel para la conferencia de conmemoración del Centenario de la fundación de la CNT celebrada en Barcelona, el 10 de abril de 2010, dentro de las jornadas «Alternativas al capitalismo. La autogestión a debate».

Introducción

No soy capaz de imaginar ninguna conferencia, en ningún otro lugar del mundo, en la que mi participación pudiera honrarme y emocionarme más que ésta que conmemora los 100 años de la fundación de la CNT, la más importante organización obrera que el mundo haya visto jamás, aquí en Barcelona, La Meca que todo socialista libertario debiera visitar antes de morir.

Ante todo estoy aquí para escuchar y aprender más acerca de la historia de la CNT. Pero se me ha pedido que comparta algunos pensamientos sobre un tema en el que he invertido más tiempo en los últimos cuarenta años que en ningún otro: cómo mejoran los trabajadores y consumidores sus vidas autogestionando e interrelacionando las actividades económicas por sí mismos.

Como a muchos de vosotros, estoy seguro de ello, se me ha preguntado muchas veces por qué creo que esto es posible. En vista de la elasticidad y resistencia del capitalismo global, y en vista del fracaso que todas las economías del siglo veinte llamadas “socialistas” sufrieron al intentar poner en marcha algo siquiera parecido a la autogestión de los trabajadores, ¿por qué continúo creyendo en una alternativa al sistema de mercado y a la planificación desde arriba? Los socialistas libertarios responden a esta cuestión de distintas maneras:

1. Algunos señalan que el impulso hacia la autogestión ha tenido lugar en cada insurrección revolucionaria y que éste ha sido reprimido invariablemente por medio de la violencia. A pesar de ser cierto, me cuesta basar mi argumento en este razonamiento, ya que a pesar de existir esta tendencia a la autogestión cuando los regímenes autoritarios se vienen abajo, esto no demuestra que dicho impulso inicial pueda sostenerse en el tiempo, incluso en ausencia de violencia, que es al fin y al cabo a lo que nuestro interlocutor se refiere. Además los debates sobre la fortaleza de ese impulso hacia la autogestión y la magnitud de la represión en determinados momentos históricos, se convierten rápidamente en debates sobre las credenciales de los distintos historiadores.
2. Otros hacen énfasis en que la capacidad y el deseo de alcanzar la autogestión económica son componentes de la naturaleza humana en su búsqueda de la libertad, de lo cual se han dado muchas evidencias a lo largo de la historia de la humanidad. Como persona que suele utilizar este argumento en primer lugar, suelo señalar posteriormente que el punto de vista contrario (que nosotros los seres humanos somos, para nuestra desesperación, tan deficientes en términos sociales, que somos incapaces de coordinar conscientemente nuestras economías de una manera eficiente y justa) es un mito que favorece la propagación de las élites que quieren gobernarnos.
3. Por último, aquéllos que son capaces de dejar atrás sus sentimientos sobre nuestras potencialidades, y que están más familiarizados con la historia reciente del socialismo libertario argumentan que es posible porque ya pasó una vez. Ocurrió en España cuando las poderosas organizaciones libertarias, siendo la CNT la más importante de todas, engendraron una economía autogestionada por los trabajadores que funcionó bastante bien bajo las circunstancias acaecidas entre 1936 y 1939, cuando fueron aplacadas manu militari por el ataque violento del fascismo europeo.

Éste último es un argumento de peso en las discusiones con quienes son menos optimistas acerca de las potencialidades humanas, y que son reacios a creer que algo sea posible a no ser que ya haya sucedido antes. Como muchas de las personas que vienen a preguntarme pertenecen a esta categoría, durante años he recopilado una gran cantidad de información sobre la Revolución Española (teniendo en cuenta que no estoy especializado en ella), y así puedo desplegar este argumento con bastantes buenos resultados. Pero aquí, hallándome entre amigos con un conocimiento histórico mucho más profundo, pueda tal vez expresar algunos de mis pequeños recelos.

Los primeros años de una revolución son tan especiales como difíciles. Por definición, lo mismo el optimismo que el entusiasmo suelen estar en pleno apogeo. Aparecen con inusitada frecuencia el tipo de peligros y dificultades palpables que provocan, incluso en contextos no revolucionarios, torrentes de solidaridad por encima de lo común. Hemos comprobado algo parecido recientemente con la tragedia de Haití. Y creo que se puede defender de forma convincente que todos estos factores fueron especialmente significativos en España a lo largo de aquellos escasos tres años. ¿Hubiese funcionado tan bien la economía como lo hizo entre 1936 y 1939 si Franco hubiese sido derrotado? ¿Existían durante la guerra unos objetivos económicos simples y obvios? Proporcionar armas, municiones y ropa a las tropas. Proporcionar a las colectividades los insumos necesarios para cultivar la tierra. Hacer llegar alimentos a los barrios de las ciudades. En definitiva, con unas prioridades bien marcadas, la coordinación entre productores y consumidores es mucho más sencilla, y en tiempos de guerra se está mucho más dispuesto a realizar sacrificios. Pero, ¿hubiesen cumplido con su función los procedimientos empleados durante la guerra para planificar las relaciones entre las distintas fábricas, colectividades, y barrios, una vez alcanzadas las metas, siendo las prioridades más complejas y menos obvias, y habiendo muerto ya el fervor revolucionario? Es decir, ¿es realmente cierto que pueden hallarse todos los componentes necesarios para autogestionar la economía en las prácticas de estos compañeros revolucionarios? ¿O acaso faltaban otros aspectos que convendría que los socialistas libertarios explorasen?

Por supuesto que se habría aprendido mucho más de esta experiencia si la Revolución Española no hubiese sido reprimida. Y tal vez exista una mejor manera de formular mi pregunta: ¿Hemos aprendido algo desde 1939 sobre cómo gestionar una economía que nuestros compañeros revolucionarios de la CNT encontrarían útil para solucionar los problemas que no habían resuelto aún de forma definitiva? O, ¿cómo harían nuestros compañeros de la CNT hoy día para planificar la economía española si tuvieran la oportunidad?

Me parece que la forma en que se debería organizar una planificación económica integral y democrática es cualquier cosa excepto obvia. De hecho, me da la sensación de que muchos de los que defienden la planificación democrática por parte de trabajadores y consumidores viven felizmente inconscientes de que muchas de sus ideas para conseguirlo han fracasado. Creo que este fallo intelectual radica en dos puntos flacos del pensamiento izquierdista tradicional acerca de la planificación democrática. La perspectiva socialista tradicional de este tipo de planificación sigue sin ver la necesidad de proporcionar a los trabajadores en las empresas y a los consumidores en los barrios un grado considerable de autonomía sobre su propio comportamiento. Por otro lado, la perspectiva anarquista no ve la necesidad de planificar detalladamente los procedimientos que ayuden a productores y consumidores, quienes deberían tener autonomía en algunos aspectos pero no en otros. Actividades de planificación que están fuertemente interrelacionadas y que deben realizarse simultáneamente de forma equitativa y eficiente. Por desgracia, como economista profesional debo decir que me parece que todo el debate dentro de la Izquierda acerca de cómo organizar de hecho una economía autogestionada peca de… ¿cómo decir esto sin caer en el insulto?… ingenuidad y desinformación, le sobra la tozudez del creyente pero carece de soluciones concretas para problemas reales.

El Reto

El reto consiste en dar poder a los consejos de trabajadores y de consumidores protegiendo al mismo tiempo los intereses del resto de agentes económicos afectados por lo que aquéllos deciden. El reto consiste en dotar a los distintos grupos de trabajadores de derechos de uso sobre parte de los recursos productivos de la sociedad, incluido lo que los economistas llaman el “capital humano” de las personas,sin permitir que se beneficien injustamente de aquéllos de esos recursos productivos que pertenecen y deberían de beneficiar a todos.

Lo que los socialistas han tenido siempre claro es que aquello que haga cualquier agente económico afectará necesariamente a muchos otros. La conclusión que sacan de este hecho es que la planificación democrática debe permitir a todo el mundo tener voz y voto en lo que a las decisiones económicas se refiere. Hasta aquí, por supuesto, ningún problema. Pero las distintas decisiones que puedan tomarse, no afectan a todo el mundo por igual. Esto podría llamarse el dilema fundamental al que se nos enfrentamos aquéllos que queremos organizar un sistema de decisiones económicas que dé poder de decisión a las personas en función del grado en que dichas decisiones les afecten: la mayoría de éstas afectan a muchas personas, pero no de igual modo. El reto consiste en dotar a trabajadores y consumidores de un grado de autonomía de decisión en sus propios consejos que no sea desproporcionado.

Fomentar la participación popular en la toma de decisiones económicas es difícil. Al fin y al cabo, desde que los humanos “ascendimos” desde las sociedades de caza y recolección hasta las sociedades de clases con élites gobernantes, se ha impedido a las personas encargadas de trabajar, participar en la toma de decisiones sobre asuntos económicos. Y durante los últimos 300 años se les ha dicho que no sirven para tomar decisiones económicas importantes, y que deben dar gracias a su suerte por que existen empresarios capitalistas y gestores que piensan por ellos. Desarrollar una cultura que incentive a esa mayoría que ha sido siempre silenciada en sus centros de trabajo a participar activamente en la toma de decisiones acerca de qué y cómo producir, es ya de por sí difícil, a pesar de que estas decisiones tengan un impacto inmediato y palpable en el día a día de los trabajadores. Fomentar la participación popular en la coordinación de las actividades interrelacionadas de millones de lugares de trabajo y vecindarios distintos, y en la inversión y planificación estratégica a largo plazo, cuyo impacto sobre la vida de cada individuo queda más diluido y es menos obvio, es incluso más difícil. Y sin embargo, éste es el legado histórico de la alienación capitalista que el socialismo debe superar. Es más, el precio del fracaso sería monstruoso. Los biólogos nos enseñan que la naturaleza aborrece el vacío ecológico, lo cual significa que en sistemas ecológicos complejos, cualquier nicho vacío será rápidamente ocupado por un organismo u otro. Si existe una sola lección que podamos aprender de la historia de la humanidad, ésta es que la sociedad aborrece los vacíos de poder.

Si las personas no controlan sus propias vidas, lo harán otros por ellas. Si existe una única lección que podamos aprender de la historia del socialismo del siglo XX, es que si los trabajadores y los consumidores no gestionan sus economías, entonces una élite económica lo hará en su lugar.

Una Solución: La Planificación Participativa

¿Cómo dotar a trabajadores y consumidores de la autonomía necesaria en sus consejos para conseguir que participen de forma continuada en la toma de decisiones económicas a la vez que nos aseguramos de que no tomen decisiones socialmente dañinas? ¿Cómo garantizar a los pequeños grupos de trabajadores y consumidores la autonomía necesaria para que dediquen tiempo y esfuerzo en participar sin que ello impida que los afectados por su toma de decisiones, por muy poco que les afecten, también puedan decidir? ¿Cómo podemos garantizar a los grupos de trabajadores el uso de los recursos productivos de la sociedad y a la vez impedir que se beneficien injustamente de ello? ¿Cómo convencer a un trabajador o consumidor que ha sido apartado de todas las formas imaginables de la toma de decisiones económicas de que las cosas han cambiado, y que participar merece ahora la pena? La planificación participativa, que forma parte del modelo conocido como “economía participativa”, fue diseñada para resolver estos problemas.

El proceso de planificación participativa vincula a consejos y federaciones de trabajadores y de consumidores, y a un Comité de Asistencia a la Iteración (CAI). Conceptualmente, el proceso de planificación es bastante simple:

1. El CAI publica estimaciones actualizadas del coste de oportunidad de utilizar todos los recursos, categorías laborales, y stocks de capital, así como las estimaciones actualizadas del coste social de producir todos los bienes y servicios.
2. Las federaciones y consejos de consumidores contestan con propuestas de consumo. Las Federaciones y consejos de trabajadores, contestan con propuestas de producción, enumerando los productos que proponen fabricar y los insumos que necesitarán.
3. El CAI calcula el exceso de demanda u oferta para cada bien y servicio final, para cada bien de capital, materia prima y categoría laboral, y ajusta las estimaciones del coste de oportunidad o coste social en proporción al grado de exceso de demanda u oferta para cada bien.
4. Con las nuevas estimaciones de los costes social y de oportunidad, los consejos y federaciones de trabajadores y consumidores revisan y reenvían sus propuestas hasta que finalmente se envíe una que el resto de consejos acepten. La planificación continuará hasta que no haya exceso de demanda para ningún bien, categoría laboral, materia prima o stock de capital, es decir hasta que se alcance un plan factible.

Los miembros de los consejos de trabajadores se reunirán para decidir sus propuestas de producción los insumos que les harán falta. Los miembros de los consejos vecinales de consumo, se reunirán para discutir qué bienes públicos necesitan para el barrio. Y los representantes de los consejos de consumidores que formen una federación se reunirán para determinar qué bienes públicos necesitan grupos de consumidores más amplios. Estas reuniones incumben a los miembros de cada uno de los consejos y de las federaciones, no se trata de reuniones entre consejos y federaciones. Es más, se trata de reuniones en las que sólo se estudian las necesidades específicas de cada consejo y de cada federación. La discusión no gira en torno a lo que se opina de la planificación económica general en su conjunto, sino de lo que se podrían llamar propuestas de “actividades propias”.

Cuando los consejos de trabajadores realizan una propuesta, piden permiso para el uso particular de una parte de los recursos productivos pertenecientes a la sociedad. Sus propuestas vendrían a decir “si a ustedes, con quienes compartimos una división cooperativa del trabajo, les parece bien permitirnos el uso de los recursos productivos, insumos que son de todos, entonces, prometemos proporcionarles los siguientes bienes y servicios.” Cuando los consejos de consumidores piden permiso para consumir bienes y servicios cuya producción implica un coste social, su propuesta dice en realidad: “a partir de la valoración que de nuestro esfuerzo han hecho los demás trabajadores, y teniendo en cuenta la proporción asignada a los miembros de los hogares, creemos que es justo que consumamos los siguientes bienes y servicios, cuya producción implica un coste social equivalente.”

El proceso de planificación está diseñado para esclarecer si la propuesta de un consejo de trabajadores es ineficiente o si la de un consejo vecinal de consumo es injusta, a la vez que permite a otros consejos retirar el apoyo a propuestas cuando éstas parecen ineficientes o injustas. Pero son los propios consejos de trabajadores y de consumidores los que hacen las propuestas iniciales de sus propias actividades así como todas las revisiones correspondientes. Es decir, si una propuesta de producción de un consejo de trabajadores o una propuesta de un consejo de consumidores se declina, el consejo que realizó dicha propuesta deberá revisarla para poder reenviarla en la próxima ronda del proceso de planificación. Este aspecto distingue a la planificación participativa de cualquier otro modelo de planificación y resulta crucial, porque permite que trabajadores y consumidores disfruten de un grado significativo de autogestión.

Si bien a los economistas nos preocupa que los recursos productivos se utilicen de manera eficiente (y hemos demostrado que nuestro procedimiento lo consigue bajo supuestos mucho menos restrictivos que los necesarios para demostrar que una economía de mercado alcanza un equilibrio general Pareto óptimo), a los socialistas les debería preocupar más si el proceso de planificación fomenta la participación popular en la toma de decisiones. Estoy convencido de que esto es lo que hace que la planificación participativa anual destaque sobre el resto de propuestas de planificación democrática

Una economía participativa, claro está, no puede ajustar exactamente el poder con que dota a cada individuo en la toma de decisiones al grado en que éstas le afectan. Lo que se pretende es diseñar procedimientos que se acerquen a este objetivo. ¿Cómo consigue esto la economía participativa?

1. Cada trabajador/a tiene asignado un voto en su consejo de trabajadores.
2. En los consejos de trabajadores más numerosos las secciones dilucidan los debates siguiendo el sistema de un trabajador, un voto.
3. Los consumidores pueden consumir todo lo que quieran siempre y cuando su esfuerzo haya alcanzado en la evaluación correspondiente un nivel suficiente como para cubrir el conjunto del coste social derivado de producir los bienes y servicios que piden.
4. Cada consumidor/a dispone de un voto en los consejos vecinales de consumidores, teniendo en cuenta el nivel y la composición del consumo de bienes públicos del vecindario.
5. Las federaciones, responsables de los distintos niveles de consumo colectivo y de limitar la contaminación, son también democráticas. Cada consejo envía un número de delegados a la federación en función de su número de miembros.
6. Pero ante todo, los consejos y las federaciones no limitan las propuestas sobre sus propias actividades a la fase inicial de la planificación participativa, sino que se encargarán también de revisar su propia actividad a lo largo del resto de rondas.

¿Quién decide si las propuestas de los consejos y las federaciones son aceptables? En los modelos de planificación central, la decisión recae en última instancia en la más alta autoridad. Esto se justifica porque se considera que únicamente una autoridad central puede cotejar toda la información necesaria para determinar si las propuestas utilizan eficientemente los recursos escasos y reparten las cargas económicas de una manera justa. Es decir, se da por hecho que la autoridad central y sólo ésta puede proteger el interés social. Pero sin entrar en el debate más general de si podemos confiar en que cualquier autoridad defienda otro interés que el suyo propio, resulta que si nos detenemos en las razones esgrimidas para otorgar a los planificadores centrales el poder de aprobar o denegar propuestas de trabajo y consumo, aquéllas son falsas. Una planificación central no puede recoger toda la información necesaria para tomar decisiones competentes. Sin embargo, sí que es posible proporcionar a los consejos de trabajadores y consumidores la información necesaria para que tomen las decisiones mediante la planificación participativa.

Debido a que la mayoría de la información acerca de lo que pueden o no pueden hacer los distintos consejos de trabajadores emana de quienes trabajan en ellos, y debido a que bajo un sistema de planificación central existen incentivos perversos que inducen a los planificadores a cometer errores sobre las verdaderas capacidades de los centros de trabajo, resulta imposible que esos planificadores obtengan la información precisa necesaria para tomar decisiones adecuadas. Este problema, reconocido desde hace tiempo por los anarquistas, se conoce hoy como la crítica a la planificación central procedente del “conocimiento tácito”, y está ampliamente aceptada. Lo que no se acepta de forma tan generalizada es que una planificación de distinta índole pudiera eliminar estos incentivos perversos y otros similares, ofreciendo por tanto a todo el mundo la información exacta y necesaria para tomar decisiones con fundamento.

En la planificación participativa descrita, los trabajadores sólo se perjudicarían si no fuesen capaces de formular propuestas que revelen de manera precisa sus verdaderas potencialidades, ya que al subestimar sus capacidades se reduce la probabilidad de que se les asignen los recursos productivos requeridos. Este tipo de planificación también elimina los incentivos perversos asociados a la contaminación y a los bienes públicos, endémicos en los sistemas de mercado. Bajo la planificación participativa, son los propios afectados por la contaminación los primeros interesados en revelar cómo les afecta ésta, y estos efectos negativos quedarán reflejados en los costes sociales de producir los distintos bienes y servicios. Ni lo uno ni lo otro sucede en las economías de mercado.

En la planificación participativa las solicitudes de bienes públicos se realizan simultáneamente y de manera análoga a las de bienes y servicios privados, mientras que el mercado genera un sesgo a favor de las solicitudes de consumo individual en perjuicio del consumo colectivo.

Al eliminar los incentivos perversos endémicos a los sistemas centralizados y de mercado, la planificación participativa es capaz de ofrecer estimaciones de los costes de oportunidad de los recursos productivos escasos, los costes sociales de las emisiones dañinas y los de la producción de bienes y servicios. Y esas estimaciones son tan exactas como cabría esperarse. Esto significa que la planificación participativa genera la información necesaria para tomar decisiones fundadas sobre las propuestas de trabajo y consumo. Todo el mundo dispone de la información necesaria para calcular la relación beneficio social-coste social de cada una de las propuestas realizadas por cada consejo de trabajadores, y todo el mundo dispone de la información necesaria para comparar el coste social de cada consejo de consumidores respecto al esfuerzo medio de sus miembros.

Permitir que los consejos voten “sí” o “no” a las propuestas de los demás no implica que haya que dedicar mucho tiempo a la evaluación de dichas propuestas. Todo lo que deben hacer es comparar el ratio beneficio social-coste social de las propuestas enviadas por los consejos de trabajadores. Cuando ese ratio esté por debajo de la media lo más probable es que estén empleando los recursos ineficientemente o que no estén trabajando tanto como el resto. Cuando el coste social por miembro de un consejo de consumidores esté por encima de la evaluación de esfuerzo media de sus miembros, probablemente estén siendo demasiado avariciosos e injustos con los demás. En los casos contrarios, todo el mundo mejora aprobando las propuestas de los consejos de trabajadores y de consumidores. Por supuesto existirán excepciones a estas reglas, y es necesario diseñas mecanismos de apelación para tratar casos poco habituales donde “los números engañen”. Pero la mayoría de las propuestas se pueden votar con bastante agilidad al hacerse posible, gracias a la planificación participativa, que cada consejo juzgue si son socialmente justas o no, sin mayor pérdida de tiempo, además de crear incentivos para aprobar las que son responsables y declinar únicamente aquéllas que resulten ineficientes o injustas.

Resumiendo, mientras a la autoridad central le resulta imposible obtener la información precisa sobre la verdadera capacidad de los distintos centros de trabajo que le hace falta para proteger el interés público, la planificación participativa proporciona a todos y cada uno de los consejos la información y los incentivos necesarios para realizar ágilmente informes fundamentados sobre las propuestas de otros.

¿Significa esto que si una decisión me afectara 1,24 veces más a mí que a otra persona, mi voto tendría un peso exactamente 1,24 veces mayor? Por supuesto que no. Pero podré decidir qué tipo de bienes privados podré consumir yo, podré decidir con mis vecinos qué bienes públicos locales consumiremos, y podré decidir junto con el resto de usuarios de los bienes públicos que están a mayor escala, cuáles de ellos consumiré, siempre y cuando nuestro esfuerzo y sacrificio cubra el coste social de conseguir lo que queramos. Y podré decidir con mis compañeros de trabajo qué queremos producir y cómo producirlo (siempre y cuando propongamos utilizar de manera eficiente los recursos productivos escasos de la sociedad).

Peligros a evitar en la planificación democrática

La planificación autoritaria desincentiva la participación de los trabajadores y de los consumidores al negarles el poder de decidir. Quienes abogamos en cambio por una planificación democrática que otorgue a la gente más control sobre las decisiones económicas que les afectan, vemos también que un sistema de planificación democrática mal diseñado desmotivaría igualmente su participación aunque de manera distinta. Si los consejos de trabajadores y de consumidores no tienen la suficiente autonomía en lo que a su propio trabajo y consumo se refiere, pero deben enzarzarse en debates, discusiones y negociaciones interminables sobre lo que quieren hacer en colaboración con el resto de la sociedad, es normal que se pudiera caer en la apatía incluso en ausencia de autoritarismo.

Existe el riesgo serio de que algunas formas de planificación democrática desincentiven al trabajador y al consumidor de a pie si se le pide que participe en negociaciones demasiado largas, sobre todo si la mayoría de éstas las realizan sus representantes. En este caso, ni unos ni otros pierden su soberanía, como sucede en la planificación autoritaria, pero si los procesos para involucrar a los afectados se realizan de forma burda y torpe, y recaen primordialmente en sus representantes, éstos podrían convertirse en una barrera para la participación que solamente los trabajadores y consumidores más abnegados y decididos pelearían por derribar. En otras palabras, cuando la organización de la planificación democrática no se hace bien, ésta puede convertirse en un laberinto burocrático que podría llevarnos a lo que Nancy Folbrellamó “la dictadura de lo sociable”.

La planificación participativa está diseñada para que los consejos de trabajadores y de consumidores decidan qué quieren hacer, siempre y cuando esto no implique un mal uso de los recursos productivos que pertenecen a todos o un aprovechamiento injusto sobre los demás. Está diseñada para ayudar a los consejos a demostrarse mutuamente que sus propuestas son socialmente responsables, generando la información necesaria para que se pueda llegar a dicha conclusión. Y está diseñada también para evitar reuniones polémicas e improductivas donde los representantes de los distintos consejos hagan propuestas no sólo de parte de las personas a las que representan sino también de aquéllas a quienes no representan. El proceso de planificación puede durar unas cuantas rondas hasta que las propuestas sean confirmadas como razonables y ajenas a cualquier clase de derroche de recursos sociales. Pero estas rondas no implican un incremento de reuniones conflictivas entre representantes de distintos consejos que debaten sin la información necesaria los méritos de la producción nacional. Se trata simplemente de reuniones en las que los propios consejos y federaciones deberán reconsiderar y revisar sus propias propuestas sobre lo que ellos mismos quieren hacer, con unas líneas de actuación claras de cara a conseguir la aprobación del resto. A diferencia de otros modelos de planificación democrática los consejos nunca tendrán que discutir las ideas de otros acerca de lo que ellos mismo tienen que hacer, no tienen que suplicar la aprobación de sus propuestas en reuniones acaloradas con los demás, y existe una agenda clara para contemplar casos excepcionales de apelación.

La democracia deliberativa ha sido bien valorada desde hace tiempo por los anarquistas, y poco a poco va ganándose el apoyo de círculos más amplios, aunque la deliberación sobre planes económicos anuales puede tomar dos formas bien distintas.

• Puede ser sobre planes anuales integrales, y llevarse a cabo en reuniones a las que asistan únicamente unos pocos representantes de cada consejo.
• bien puede tratar de lo que cada consejo quiere hacer, y llevarse a cabo y realizarse dentro entre todos los miembros de cada uno de ellos, formulando y revisando su propia actividad en respuesta a lo que el resto de consejos les hayan indicado y contando con las estimaciones más precisas del coste social y de oportunidad de sus decisiones.

Las diferencias entre estas dos formas de democracia deliberativa son cruciales.

Si bien la primera concepción puede ser más común, tiene tres desventajas:

1. Sólo unos pocos de cada consejo están presentes en estas deliberaciones (los representantes), que tendrán que asumir la tarea de transmitir lo vivido a los representados con todo lo que ello conlleva.
2. Los miembros de los consejos de trabajadores nunca formulan propuestas sobre lo que quieren hacer. En su lugar, sus representantes, junto con los de otros consejos, realizan propuestas sobre lo que todo el mundo, incluidos ellos mismos, quiere hacer.
3. Las reuniones de los representantes en que se proponen planes económicos integrales anuales no generan estimaciones cuantitativas de los costes sociales y de oportunidad, sin los cuales cualquier tipo de discusión sobre las virtudes de las distintas propuestas queda mutilada o resulta directamente imposible. La planificación participativa cede, sin embargo, a cada trabajador y a cada consumidor –y no sólo a sus representantes–, el poder suficiente para que formulen sus propias propuestas de trabajo y de consumo, y da lugar a estimaciones de los costes sociales y de oportunidad tan precisos como se pueda esperar.

Por desgracia, los izquierdistas que carecen de formación económica han ignorado durante mucho tiempo los procesos que producen información fiable y razonablemente precisa, la cual es necesaria para tomar decisiones sociales fundadas. Si bien es razonable la aversión a poner precio a las cosas en el contexto del capitalismo actual, que “conoce el precio de todo pero desconoce su valor”, en ausencia de estimaciones razonables del coste social y de oportunidad resulta imposible participar sensatamente en la planificación. Si queremos que el ciudadano de a pie participe, no sólo debemos darle voz y voto a la hora de planificar, debemos facilitarle también el acceso a la información esencial que se necesita para llegar a conclusiones sensatas ágilmente. Si no conozco el coste de oportunidad en términos de recursos que tiene una propuesta de trabajo, o el coste social de producir los insumos intermedios necesarios, o si no puedo comparar estos costes con los beneficios sociales de lo que los trabajadores han propuesto producir, ¿cómo voy a poder decidir de forma sensata si una propuesta de trabajo es socialmente responsable? Para poder hacer una propuesta así, necesitamos conocer estos datos con el fin de estar seguros de si es socialmente responsable o no. También necesitaré conocerlos para determinar si nuestra propuesta se aprobará rápidamente o no, o si será por el contrario rechazada y quedará pendiente de su paso por un proceso de apelación especial. Cuando la propuesta de trabajo la formula otro consejo, necesito estar informado para saber si quiero votar “sí” o “no”, lo que querré hacer lo más rápidamente posible en la mayoría de los casos. Sin unas estimaciones razonables de los costes sociales y de oportunidad no hay forma de tomar semejantes decisiones. Sin embargo, con esta información podremos realizar los cálculos necesarios rápidamente, los resultados pueden ofrecerse de forma inmediata a todo el mundo y el ciudadano de a pie podrá tomar todas las decisiones necesarias en cada ronda del proceso de planificación.

Cinco niveles de Democracia Económica

Resulta útil identificar cinco áreas en las que debemos organizar la “democracia económica”.

La gente se suele centrar en los centros de trabajo individuales y en los vecindarios, donde la “solución” comúnmente llamada “autogestión” es adecuada. Los centros de trabajo deberían estar regidos por consejos de trabajadores, en los que cada uno tendría un voto, y los vecindarios, por consejos de consumidores en los que cada residente tendría también un voto. Si bien es cierto que no es fácil asegurar un funcionamiento autogestionario real y significativo tanto en los centros de trabajo como en los vecindarios, existe una gran cantidad de literatura y de experiencias que podrán guiarnos en este sentido. La principal aportación a la sabiduría convencional que sobre este tema hemos realizado los defensores de la “economía participativa” como yo mismo, es algo a lo que hemos llamado el establecimiento de un equilibrio de poder entre los diversos trabajos, o “combinaciones equilibradas de empleo”, algo que no he mencionado aún en este ensayo.

El segundo ámbito en que necesitamos introducir la democracia económica es la planificación anual, que es en lo que me he centrado hasta ahora en este artículo. Dado un stock de “capital” natural, manufacturado y humano al inicio de cada año, ¿qué se debería producir? ¿Cómo debería producirse? Y ¿quién debería producirlo y consumirlo? A lo largo de este trabajo he esbozado una propuesta para llevar adelante una planificación económica anual e integral, conocida como “planificación participativa”, y he defendido que las ventajas que dicho procedimiento lleva implícitas son mayores que las de otros que abordan la democratización de la planificación anual de formas más comunes y tradicionales. No obstante, cuando hablamos de una planificación económica integral ésta incluye otros dos tipos de planificación además de la anual.

Si bien el stock de capital es conocido a comienzos de cada año, la inversión hace que varíe a lo largo del tiempo. Así que el tercer ámbito donde es necesario introducir la democracia económica es en la planificación de la inversión.

Y puesto que los planes de inversión se entremezclan con la planificación estratégica a largo plazo, o planificación del “desarrollo”, existen importantes razones para realizar una planificación estratégica aparte de la de la inversión. Éste es el cuarto ámbito de planificación democrática.

El quinto y definitivo tiene que ver con la coordinación del proceso que garantizará que lo acordado se lleva efectivamente a cabo, lo que incluye introducir ajustes en los planes en respuesta a los imprevistos. Si bien existen grandes diferencias en la forma de “coordinar” estos procesos entre las economías planificadas y las economías de mercado, y dado que existen formas más o menos democráticas y eficaces de coordinar los planes, no entraré a discutir estos aspectos ahora, sino que me limitaré a realizar unos breves comentarios en lo que a la planificación estratégica y de inversión se refiere.

Siendo la duración temporal la única diferencia entre la planificación anual, la de la inversión y la planificación estratégica a largo plazo, desde un punto de vista estrictamente teórico todas pueden analizarse de igual manera. Puesto que mi inclinación personal me lleva a pensar todo desde un punto de vista estrictamente teórico, es precisamente así como me aproximé a ello en primera instancia. Y sigo creyendo que deberíamos intentar utilizar los procesos de planificación participativa siempre que nos sea posible a la hora de realizar planes de inversión y de desarrollo, ya que éstos maximizan la participación, tal y como ya he explicado. Desafortunadamente, en la vida real, la planificación de la inversión y la del desarrollo se diferencian en gran medida de la planificación anual, algo que debemos de tener en cuenta.

El problema no reside únicamente en que la incertidumbre a la hora de realizar cálculos estimatorios crece a medida que nos alejamos en el tiempo, ni en la variación de las preferencias de las personas o el conocimiento tecnológico (por más que éstos sean problemas de gran calado). El principal problema reside en que los costes sociales y de oportunidad que dependen de esos cálculos variarán en función de los planes de inversión y desarrollo que elijamos, lo que significa que podríamos evaluar incorrectamente nuestras opciones de desarrollo e inversión si utilizamos los costes sociales y de oportunidad actuales. En cualquiera de los escenarios en que nos situemos, los recursos productivos y tecnológicos, así como las preferencias de los consumidores son constantes cuando realizamos la planificación anual. Por este motivo los costes sociales y de oportunidad pueden estimarse con cierto grado de precisión (suponiendo que la planificación esté diseñada correctamente para hacerlo). Pero los costes de oportunidad y por tanto los costes sociales de la producción en los años venideros variarán en cierta medida dependiendo de las inversiones que hagamos en el presente. Y ambos variarán incluso más dependiendo del camino que decidamos tomar a la hora de enfocar el desarrollo a largo plazo. Eso significa que evaluar los diferentes planes de inversión y desarrollo utilizando las estimaciones del coste social y de oportunidad utilizadas para la planificación participativa del año actual podría conducirnos a error. (Éste no es un problema exclusivo de la planificación democrática. La planificación autoritaria y los sistemas de mercado deben enfrentarse al mismo dilema, aunque en realidad lo que terminan por hacer es fingir que el problema no existe.)

Las federaciones industriales y de consumidores deberán asumir la mayor parte de la responsabilidad de formular, revisar y aprobar los planes de inversión y de desarrollo. Esto no significa que los consejos de trabajadores y de consumidores tomados individualmente no tengan nada que decir al respecto, sino que lo que aporten tendrán que hacerlo a través de sus representantes en las federaciones a las que pertenecen. Es más, las propuestas que hacen las propias federaciones para sí mismas pueden seguir desempeñando un papel muy importante, especialmente en las fases iniciales de la planificación de la inversión y el desarrollo. Pero las evaluaciones cuantitativas de los costes y beneficios sociales de las distintas propuestas de inversión (lo que los economistas llamamos la “tasa de retorno social de las inversiones”) serán menos precisas que las de las propuestas anuales de producción. Y las evaluaciones cuantitativas de los diferentes planes estratégicos a largo plazo serán incluso menos precisas. Esto significa que habrá más discusiones y debates entre los delegados de las distintas federaciones en las reuniones nacionales para la planificación de la inversión y el desarrollo que en las de planificación anual. Por tanto, los equipos de expertos tendrán un papel más activo en la formulación de propuestas viables en la primera que en esta última.

Y esto significa finalmente que el debate y la discusión entre delegados seguidos de la celebración de referéndum sobre planes de inversión y de desarrollo alternativos jugarán un papel mucho más importante, al contrario de lo que sucede durante la planificación anual donde se puede confiar en que la revisión de las propias propuestas hecha por los mismos consejos dé lugar a resultados equitativos y eficientes, y todo el debate permanece dentro de los consejos, pudiendo así participar todo el mundo.

En relación con esto, quiero hacer tres aportaciones que pueden ser de interés:

1. Si bien los procedimientos participativos de planificación anual distan mucho de la concepción tradicional de la planificación democrática en la que los representantes se reúnen para formular planes integrales, tal vez sometidos a referéndum, en lo que a los planes de inversión y desarrollo se refiere, el proceso se asemeja algo más a esa concepción más tradicional.
2. Por desgracia, será más difícil estimular la participación popular de los trabajadores y consumidores de a pie en los planes de inversión y de desarrollo. No sólo porque los trabajadores ven menos cruciales para su vida cotidiana las decisiones sobre inversión y desarrollo que las de consumo y producción actuales. También se debe a que

• los delegados tendrán que desempeñar con la ayuda de expertos un papel de mayor importancia a la hora de formular los planes de inversión y de desarrollo, incluso cuando las alternativas deban ser sometidas a referéndum populares, y
• las propuestas que manan desde abajo y que tienen mucho más interés para la mayoría de las personas, serán menos relevantes en este tipo de decisiones que en la realización de planes anuales.

3. Por tanto, es fundamental fomentar al máximo la participación de los trabajadores y consumidores durante el proceso de planificación anual mediante el uso de la planificación participativa, la cual

• es una herramienta muy potente para enseñar a las personas cómo su destino está fuertemente vinculado al de los demás y cómo participar, y
• es la manera más eficaz de rellenar el vacío de poder que la élite, que podría surgir con mayor facilidad en la planificación de inversión y de desarrollo, podría de otro modo usurpar.

Conclusión

Todas las versiones de planificación anual que proceden del socialismo libertario pueden considerarse como maneras para que la gente discuta y decida sobre su propia división del trabajo, una vez acordado que los recursos productivos existentes pertenecen a la comunidad en su totalidad. Una manera de llevarla a cabo consiste en delegar en los representantes de los consejos para que éstos propongan, discutan y finalmente voten las distintas propuestas de planificación para el conjunto de la economía. Otra forma de organizar el diálogo democrático es que los distintos grupos de trabajadores y consumidores propongan lo que ellos mismos quieren hacer, pudiendo refinar posteriormente, a luz de información más precisa, cómo cada una de las propuestas afectarán a unos y a otros, de tal modo que se pueda encontrar por tanto una manera eficiente y justa de utilizar los recursos productivos que son de todos.

Creo que organizar la planificación integral de la segunda manera, como un proceso social iterativo de propuestas hechas por cada cual, combinadas con el reparto de la información, y seguidas de votaciones democráticas basadas en criterios claros de responsabilidad social, maximiza el potencial participativo en la planificación anual.

1. A diferencia de otros enfoques de planificación democrática, la planificación participativa proporciona una autonomía sin precedentes a los consejos de trabajadores y de consumidores en el control de sus propias actividades. Debido a que aquello que van a realizar ellos mismos es lo que más preocupa a las personas, ésta resulta ser una virtud importante a la hora de convencer a los que durante largos años han sido castigados sin voz ni voto, de que finalmente vale la pena participar en la toma de decisiones económicas.
2. El procedimiento genera la información que la gente necesita para tomar decisiones fundadas sobre lo que es eficiente y justo (merced a unas estimaciones razonablemente precisas sobre los costes sociales de producir los distintos bienes y servicios, incluyendo los costes medioambientales y los costes de oportunidad de utilizar los distintos recursos productivos, los distintos tipos de trabajo y los distintos stocks de capital). Sin una idea de lo valioso que puede resultar un recurso productivo cuando se utiliza para otra cosa, y cuánto le cuesta a la sociedad producir un bien o un servicio, ¿cómo podríamos saber si una propuesta de consumo o de trabajo es eficiente o justa?

Desgraciadamente, las concepciones tradicionales de planificación democrática son incapaces de generar dicha información para tomar decisiones fundamentadas incluso en los casos en los que se da la participación democrática a través de representantes. El procedimiento de planificación participativa da lugar a esta información y la pone inmediatamente a disposición de todos los consejos, lo que les permite votar las propuestas del resto sin perder el tiempo, por lo que el poder de aprobar o rechazar las propuestas de los consejos ya no tiene por qué recaer en las manos de una élite.

3. El procedimiento social iterativo de planificación enseña a quienes participan en él, cómo lo que deciden hacer afecta al resto, y cómo lo que otros deciden hacer les afecta a ellos mismos. Es decir, enseña a los participantes a ver cómo los destinos económicos están entrelazados.
4. Puesto que las discusiones de las propuestas tienen lugar en los consejos de trabajadores y en los vecindarios en vez de realizarse en las plenarias de representantes, todo el mundo, y no sólo unos pocos, puede participar en el proceso, que se convierte de este modo tanto en un proceso educativo social como en un proceso de toma de decisiones para la sociedad. En otras palabras, el proceso maximiza la participación directa y minimiza la participación a través de representantes.
5. El procedimiento de planificación participativa proporciona un criterio claro para resolver desacuerdos sobre las propuestas, y evitar por tanto enredarse en interminables debates entre representantes que culminan únicamente cuando un lado agota al otro.

Creo que la planificación de la inversión y de las estrategias a largo plazo deberían realizarse de la misma manera, en la medida de lo posible, que la planificación anual, ya que es así como se maximiza la participación popular en áreas de decisión tan importantes. Pero es importante reconocer que existen algunas diferencias que requerirán algunas modificaciones a la hora de realizar aquellos tipos de planificación, ya que las señales que emiten los precios, y que nos harán falta para llevarlas a cabo, son menos precisas, y en ocasiones simplemente ni siquiera estarán a nuestro alcance. En este caso las federaciones tendrán que implicarse en mayor medida tanto en un tipo de planificación como en el otro, y es probable que se tengan que elaborar distintos planes estratégicos a largo plazo para su votación. Pero ya que es más difícil involucrar a los consejos individuales de trabajadores y consumidores en la planificación estratégica y de inversión, resulta más importante aún si cabe hacerles partícipes de la planificación anual a través de fórmulas como la planificación participativa.