“A río revuelto, ganancia de pescadores”, es un refrán popular que en estos tiempos de pandemia refuerza, nuevamente, su claro significado.
Tras años de desmantelamiento y privatización progresiva de la Sanidad Pública, cuando llega el momento de ponerla a prueba, de dar la cara para responder ante una grave crisis, son sus profesionales, las trabajadoras y trabajadores de a pie, quienes tienen que tirar para adelante con lo que tienen a mano, resistiendo como pueden y, arriesgando, ante la improvisación y falta de recursos, la propia vida.
Y los gestores, políticos la más de las veces, yéndose de rositas. Achacando a la casualidad y la mala suerte lo que no es sino fruto de su absoluta inacción y muy mala gestión. Pese a contar con una de las plantillas mejor preparadas de la historia, no hacen más que precarizarla, desanimarla y agotarla, para luego responsabilizarla de lo mal que funciona el sistema.
Hacen pensar si no es esa su verdadera intención, menoscabar el servicio público: cierran servicios, quirófanos, laboratorios, lavanderías, cocinas…, cierran plantas enteras de hospitales, reducen camas, reducen plantillas a su mínima expresión y, más pronto que tarde, recurren a la sanidad privada, a los seguros privados, para solucionar esas carencias que ellos mismos han provocado.
Y así se explica que los seguros de salud privados, hayan roto su techo en España en 2020, batiendo récords tanto en número de asegurados (más de 11 millones) como en el porcentaje que este representa sobre el total de la población (23,4%) y en su facturación, superando por primera vez, la barrera de los 9.000 millones de euros, según datos de la propia patronal aseguradora UNESPA.
Y esto no es sólo en un determinado territorio, pasa en todo el estado español. La ineptitud y los intereses egoístas de nuestros gestores, han hecho que la Sanidad Pública se convierta en el trampolín para que la privada haga su agosto durante la pandemia.
En Euskadi, hubo un momento en que la Sanidad Pública se comía a la privada. Con José Manuel Freire Campo como consejero de Sanidad, entre 1987 y 1991, los seguros y la Sanidad Privada, se redujeron a su mínima expresión, sus asegurados se cambiaban a la recién creada Osakidetza, que ponía en valor a todas y todos sus profesionales, las dotaba de herramientas y recursos necesarios, y sus servicios abarcaban a toda la población, lástima de tan lamentable final de gestión. Tuvo que venir Azkuna, y todos y todas que después le siguieron, a imponer el orden del Partido del Negocio Vasco, a acabar con nuestra Sanidad Pública, no fuera que sus amigos, del IMQ, o de cualquier otro de los centros privados que por ahí pululan, Adeslas, Sanitas, DKV, Mapfre, Vithas, Ribera Salud, tuvieran que cerrar.
Y vaya que si no tuvieron que cerrar. Los propios gestores de la sanidad privada reconocen que una de sus principales vías de ingresos, son los convenios con la sanidad pública.
Y es aquí, donde entra en juego un nuevo elemento en menoscabo de lo Público, lo que comúnmente se denomina como fenómeno de puertas giratorias: saltos de profesionales públicos al sector privado y viceversa.
Que el mismo Jon Darpón, ex Consejero de Salud del Gobierno Vasco, que durante su mandato tampoco veía conflicto de intereses entre la sanidad pública y las empresas privadas con las que ésta concierta, a los dos meses de dimitir del cargo por la crisis de las irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza, fichara por una empresa privada del mundo sanitario, el grupo Keralty (antes Sanitas Internacional), deja claro las reglas que para ellos rigen.
La cantidad de dinero que mueve la Sanidad Pública es ingente, lo que lo convierte en objetivo de mucho buitre, y no sólo a fondos monetarios me refiero. La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) informa que su industria facturó en 2018 en España 7.800 millones de euros, mientras que la patronal de las farmacéuticas, Farma-industria, generó 15.000 millones.
Así, que, imaginaros ahora, que entra, además, el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, dotado con más de 750 mil millones de euros y de los que a España le corresponderán 140.000 millones entre subvenciones y préstamos, y no pocos políticos, estatales y autonómicos, hablan ya de cogestión público- privada.
La privatización es legal en base a dos leyes de ámbito estatal: los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que permiten derivar a los pacientes a la privada mediante conciertos y convenios singulares; y la Ley 15/97, que permite que un centro público sea gestionado por empresas privadas.
Y esto, hoy por hoy, lo defienden todos los partidos del ámbito parlamentario. Aunque de palabra se opongan, cuando tienen poder para derogar estas leyes, no lo hacen. Es de esperar, todas y todos sabemos a quién en verdad defienden.
Si queremos una sanidad pública que atienda a toda la población, independientemente de su situación administrativa, con gestión democrática, centrada no en lo curativo y el hospital-centrismo, sino que actúe contra los determinantes sociales y económicos de la enfermedad, no nos cabe otra que movilizarnos por ello, o eso, o acabar con una sanidad totalmente privatizada, donde sólo el que tenga recursos podrá contar con una asistencia digna. Imaginad el precio.
