En las últimas semanas se ha reabierto el debate sobre los impuestos a las grandes fortunas, esta vez personalizadas en youtubers, y la fuga de éstas a un país vecino con ventajas fiscales como es Andorra. Las opiniones están polarizadas, con unas primeras que defienden a ultranza el pago de los impuestos para sufragar el gasto público, y unas segundas que, por alguna razón, empatizan con los ricos y creen que el tipo impositivo es demasiado alto para las grandes fortunas.
Creo que hay diferentes formas de entender los impuestos. Para empezar, el nombre de esta operación produce cierto rechazo por su carácter coercitivo y no ayuda a concluir que se trate de un pacto social. Por supuesto, éstos no son nuevos y nos podemos remontar hasta la Grecia clásica, pasando por los Romanos, las monarquías absolutas y, así, hasta nuestros días. En origen, por un lado, vienen a sufragar los gastos comunes, pero, por otro lado, sirven para mantener los privilegios de una clase política, monárquica, dictatorial o de quién ostente el poder en cada momento. Gran parte del dinero público está destinado a mantener todo un aparato burocrático con enormes deficiencias donde descansan las instituciones y otra cantidad ingente del capital va a parar al aparato militar. Además de todo esto, no debemos olvidar el mantenimiento de los poderes fácticos a través del clientelismo político; delgada línea que separa ambos poderes. Y, por último, la gran inversión en la fuerza para mantener el orden público y que nada cambie. Visto así la verdad que tampoco me dan tantas ganas de defender los impuestos a pie juntillas.
Pero nademos hacia la otra orilla del río. Contamos con un sistema público que ofrece el acceso universal a una educación, el derecho a una atención sanitaria, un servicio de socorro y otros tantos servicios que englobamos en el estado del bienestar. Todos estos servicios deben ser entendidos bajo un paraguas de derechos sociales y no debemos olvidar que los derechos no suelen ser regalados, sino más bien conquistados; y es por ello por lo que debemos defenderlos día tras día. Esto último es de vital importancia ya que los buitres siempre están al acecho. Por supuesto, los servicios públicos son mejorables, pero hemos de tener cuidado cuando criticamos éstos, ya que la crítica si no viene acompañada de mejoras en pro de la defensa de lo público, puede caer fácilmente en el saco de la ineficiencia de lo público en pro de las privatizaciones.
A estas alturas del texto cabría preguntarse qué es lo que defiendo. Para ello, antes bien, creo que debemos hacer una distinción entre lo público y lo estatal. Entendiéndose lo público como lo común y la garantía del acceso a los servicios básicos venidos de una carrera de conocimientos de la especie humana. Y es que es muy fácil defender el derecho de acumulación de capital argumentando que esa persona ha generado ese monto de dinero. Y verdaderamente creo que, en el caso de los youtubers, por ejemplo, ese dinero acumulado viene de un trabajo bien hecho y, además, sin apropiarse de la plusvalía de nadie. Ahora bien, tampoco nos hagamos trampas al solitario. He escuchado argumentos tales como que no le deben nada a lo público y que aportan más de lo que reciben. No negaré que hay parte de razón en eso por todo lo argumentado anteriormente. Pero démosle la vuelta a la tortilla. Para empezar, los youtubers, por seguir con el ejemplo, no podrían vivir de ello si no fuera por una gran inversión pública realizada en infraestructura de redes, para que tanto ellos puedan emitir sus vídeos, como para que el público pueda visualizarlos. Y podemos seguir rascando. Las herramientas para producir esos vídeos como para visualizarlos, es decir, los ordenadores y los móviles, junto a la tecnología de internet, vienen de un desarrollo y conocimiento generado, en gran parte, con dinero público. En su mayoría vienen de investigaciones realizadas en Universidades o de investigaciones en el campo de la ingeniería militar. Ambas, por supuesto, financiadas en su gran parte con dinero público. Si en este último punto alguien está tentado a responder que muchas investigaciones se realizan en Universidades privadas de EEUU, debemos tener en cuenta que a pesar de que estas Universidades tengan un carácter privado de cara al alumnado, es decir, que el alumno que quiera estudiar en una Universidad debe pagarse la carrera, muchas líneas de investigación están financiadas con dinero público. Podemos seguir sumando inversiones públicas sin las que sería posible la actividad empresarial, en general: una infraestructura de transporte por tierra, mar y aire, una infraestructura energética, en muchos casos privatizada, por cierto, y un largo etcétera amén de los servicios antes mencionados.
Si bien hemos definido lo público como lo común y la democratización de los derechos sociales, podríamos entender al Estado como al gestor del dinero público, que mantiene ciertos privilegios por la fuerza y recauda el dinero por medios coercitivos. Si bien es verdad que, a diferencia de la Edad Media, Hacienda no viene a casa a recaudar los impuestos por las buenas o por las malas, hoy en día el impago de impuestos puede tener graves consecuencias; aunque, como de costumbre, la peor parte se la suelen llevar los que menos tienen. Y es que la política parlamentaria en gran medida se basa en eso, en administrar el dinero público y en el poder que esto otorga. En apariencia, se ha democratizado la gestión del dinero público, pudiendo votar cada cuatro años los gestores que prometen gobernar para el pueblo. Sin embargo, una vez elegidos ni siquiera están obligados a cumplir dichas promesas. Así que si ya de por sí es bastante burdo llamar democracia a la elección de quién te va a representar en el parlamento, poco queda que rascar cuando lo prometido no ha de ser cumplido.
Por ir concluyendo, ¿que si creo que debe existir un sistema público sujeto con el dinero de todos? Si, por supuesto. Pero la gestión de éste ha de ser también pública y democrática. Sin ir más lejos, no tenemos ni siquiera el poder de decisión para intervenir en el gasto público de nuestro pueblo o ciudad. Por otro lado, todo lo público está condicionado por el Estado. La Educación está totalmente estructurada para mantener y reproducir el sistema y todo el contenido está decidido de forma centralizada en los despachos de las instituciones. No cabe duda de que en una sociedad cada vez más compleja la organización social también será cada vez más compleja, pero eso no nos exime de responsabilidades a la hora de decidir cómo se debe gestionar el dinero de todxs. Y por el momento, no podemos menos que exigir que el dinero público se invierta de la mejor manera posible y defender con uñas y dientes los servicios públicos que garanticen los derechos más fundamentales.
Y para acabar, ¿que si creo que los que más tienen son los que más deben aportar? Pues no me cabe ninguna duda de que sí. Y si no que se vayan a una isla a disfrutar de su dinero hasta que se den cuenta de que el dinero no se come, ni te da cobijo, ni hace caminos sin el conocimiento y la fuerza de la sociedad. Me imagino una comunidad prehistórica donde un humano decide abarcar y acumular más frutos de los que necesita, sin compartir con el resto. Se me ocurren dos escenarios: el primero en el que la acumulación de los frutos ha supuesto la escasez de éstos para el resto de la comunidad y recuperarán esos frutos por las buenas o por las malas y el segundo escenario, en el cual ese humano avaricioso se ha quedado solo y se le han caducado sus frutos. Pues bien, la sociedad hoy día se ha complejizado, pero a nivel antropológico no ha cambiado tanto.
