• La central anarcosindicalista señala "la importancia de que los y las trabajadoras del sector público salgan a la calle el jueves 22"
• CNT publica sus reivindicaciones de cara a la huelga.

El próximo jueves, el 22 de abril, hay convocada una huelga en el sector público, a la que CNT hace un llamamiento a participar. "Los motivos son más que evidentes: consolidación del empleo y finalización del fraude de ley de los y las trabajadoras interinas", señala la central sindical. "Tenemos una oportunidad para decir que ya basta, que hay que cumplir, porque esto es una decisión política", ha resaltado CNT. Aún así, "somos conscientes que, quién va a decidir los servicios mínimos es el Gobierno Vasco, el empleador", ha denunciado la organización anarcosindicalista, "que tiene un largo historial en vulneración del derecho a huelga".

Por otro lado, desde CNT, además de las reivindicaciones del ámbito laboral, es hora de poner sobre la mesa la reivindicación sobre unos servicios públicos dignos, un sector de cuidados que "sea central", además de reivindicaciones sociales en los que las Administraciones Públicas tienen un efecto directo. "Entendemos lo público como lo de todas las personas", subraya CNT, "porque debemos entender el sector público como algo más que un proveedor de servicios, que es como funciona en la actualidad". Por esas razones CNT ha plasmado en un documento las reivindicaciones que realiza para esta huelga.

Para finalizar, la central sindical ha hecho un llamamiento a salir a la calle el jueves que viene.

22 de abril, ¡HUELGA!

Hay en marcha una campaña de movilizaciones para exigir la creación de empleo público y consolidar al personal temporal en el sector público de la CAPV. Ciertamente, desde CNT vemos que la situación del empleo en la administración es cada vez más preocupante. La destrucción de puestos de trabajo, la inestabilidad laboral por temporalidad y la falta de iniciativa para crear empleo público, hacen que las condiciones de trabajo de las plantillas no sean las deseables. 

Pareciera que el Gobierno Vasco quisiera debilitar los servicios públicos, que interfieren directamente en la construcción de una sociedad que atienda las necesidades de toda la ciudadanía, sin tener que jugar al sálvese quien pueda. No nos cabe duda, de que la mala gestión y el malestar de la ciudadanía, es fruto de las decisiones deliberadamente tomadas por Gobierno Vasco, que tiene como único objetivo su perpetuación en el poder por los siglos de los siglos, si no en las instituciones, en las puertas giratorias, porque nada le interesa más que el propio enriquecimiento y el de sus secuaces, dejando a un lado las necesidades de las personas para las que deberían estar trabajando.

Con la pandemia que nos está tocando vivir, es imprescindible añadir que cada vez hay más deslocalizaciones empresariales, y más personas trabajadoras empobrecidas, además de una reducción continuada por parte del Estado del salario social y las prestaciones de ayudas. Esta situación se agudiza siendo mujer, joven, dependiente, persona con diversidad funcional, persona migrada, pensionista y demás realidades que nos atraviesan. 

Por si estos derroteros de privatización, dedocracia y corrupción a los que nos están intentando llevar no fueran suficientemente bochornosos, no podemos obviar que estamos viviendo una pandemia mundial, siendo ésta una situación de excepción sin precedente. ¿Vamos a seguir aplicando las mismas medidas o trataremos de implementar planes que respondan a las nuevas realidades que debemos encarar? 

Sin embargo, si entendemos lo público como lo de todas las personas, creemos que hay muchas cuestiones más que hay que abordar, porque tiene relación directa con las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector público. Subrayamos que debemos entender el sector público como algo más que un proveedor de servicios, que es como funciona en la actualidad.

Para hacer frente a esta problemática y a muchas otras, animamos a la ciudadanía a unirse a las movilizaciones, a la huelga del día 22 de abril, y reivindicamos lo siguiente:

Reivindicaciones del ámbito laboral

• Legislar por la consolidación del empleo público, sin abusar de contrataciones temporales.
• Apelar al buen hacer y la implicación de todas las organizaciones, desde Gobierno Vasco hasta todos y cada uno de los ayuntamientos, así como a las fuerzas políticas que representan las organizaciones, para impulsar estas modificaciones.
• Realizar un sondeo para identificar las necesidades de las plantillas, ejecutar mejoras contantes y sonantes en los puestos de trabajo de las personas que trabajan para la administración pública y crear mecanismos que eviten la vuelta a las condiciones que ahora se padecen. 
• Aplicar medidas excepcionales para los procesos de oferta de empleo público, en consonancia con las necesidades de los colectivos para los que se trabaja. Exigimos terminar con las políticas de privatización y la externalización, reivindicando un plan de rejuvenecimiento de plantillas y jubilaciones pertinentes que beneficien tanto a las personas trabajadoras, como a quienes reciben sus servicios.   
• Que cese la marginación de colectivos específicos en los convenios colectivos con los mismos derechos laborales, como el personal investigador predoctoral, con su inclusión en el convenio colectivo de la UPV/EHU.
• Derogar las reformas laborales de PP y PSOE. Recuperar la negociación colectiva. Impulsar un modelo de contratación que elimine la precariedad, la temporalidad, la externalización, los falsos autónomos y que garantice ‘igual trabajo, igual salario’. En defensa de profesionales públicos, por servicios públicos de calidad.
• Finalización del fraude de ley de las personas trabajadoras interinas.

Reivindicaciones sobre unos servicios públicos dignos

• Derogar la Ley 15/97 y del artículo 90 de la ley General de Sanidad, que permite la incursión empresarial en la sanidad pública; del RD 16/2012 que nos convierte en personas aseguradas: manipulación y mentira las pagamos con impuestos. Rechazamos copagos, privatizaciones, derivaciones, precariedad y escasez de plantillas.
• Educación pública inclusiva, laica y de calidad, con autonomía de cada Centro Educativo para responder a las necesidades concretas de la comunidad en la que se ubica.  Lo exigimos en todas las etapas y en todas las enseñanzas, garantizando plazas públicas para todo el alumnado. Derogación de los conciertos educativos: el dinero público SOLO para la escuela pública.
• Exigir una gestión del agua sin ánimo de lucro, 100% pública, transparente, sostenible, participativa, con rendición de cuentas y que asuma el derecho humano al agua y al saneamiento. Recuperar y preservar los ecosistemas acuáticos.
• Eliminar el artículo 135 de la Constitución. Impuestos progresivos y solidarios para que pague más quien más tiene. Una Banca Pública al servicio de la ciudadanía y controlada por ésta. 
• Garantizar el transporte público como derecho social con las inversiones necesarias, materiales y plantillas frente a la uberización. Potenciar el transporte público en las ciudades en detrimento del privado. Crear Abono Social para personas con bajos recursos.

Reivindicaciones en el sector de cuidados

• Dotar económicamente de forma real e inmediata y hacer cumplir las leyes de Dependencia y Accesibilidad Universal. Revisar el modelo para personas tuteladas, más social. Revocar la ley 8/2015.
• Aumentar el ratio de personal en las residencias de mayores. Vejez y cuidados dignos.
• Ratificación del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico. Inclusión de las trabajadoras del Hogar en el régimen general sin particularidad alguna y en el ET a todos los efectos sin moratoria. Garantizar las condiciones de trabajo dignas en el sector de Cuidados, tanto en Centros de Trabajo Público como privado, mediante convenios colectivos. Consideración de las horas de presencia y disposición como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos.

Reivindicaciones sociales

• Blindar las pensiones en la constitución y su revalorización por Ley, al menos conforme al IPC. Regular las pensiones mínimas a 1084 euros como dicta la Carta Social Europea y derogar las reformas de las pensiones. Acabar con la brecha en salarios y en pensiones.
• Prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, ya que son ilegales; dación en pago retroactiva; creación de un parque público de vivienda en alquiler; alquiler asequible y techo social en los precios del alquiler.
• Derogar la Ley Mordaza. Garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión, huelga y manifestación. Cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Histórica.
• Derogar la Ley de Extranjería y cierre de los CIEs. Política migratoria de respeto por los DDHH y de apoyo a las personas migradas. Ninguna persona es ilegal.
• Implementar políticas medioambientales que aseguren la vida de las generaciones actuales y futuras. Poner coto a las acciones de las grandes empresas, multinacionales y capitales que apuestan por modelos económicos insostenibles.
• Garantizar el cumplimiento del Artículo 44 de la Constitución, reduciendo el IVA cultural y apoyar las reivindicaciones de personas trabajadoras del sector en la defensa de sus derechos.