Bateragune

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Meltxor Guerrero

El 13 de octubre de 2009 la policía, por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, irrumpe en la sede del sindicato LAB de Donostia y se lleva detenidos a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta. En la misma operación, serán también arrestados Rufi Etxebarria, Ainara Oiz, Amaia Esnal, Txelui Moreno y Mañel Serra. Estos últimos posteriormente quedarán en libertad, centrándose la represión en los cinco militantes detenidos en la sede sindical donostiarra.

¿De qué se les acusa? Nada más y nada menos que de tratar de reconstruir Batasuna, una organización política previamente ilegalizada por la ¨justicia¨ española, nuevamente bajo la batuta de Garzón que, en un auto de agosto de 2002 y bajo la acusación de formar parte de ETA, había decretado la suspensión total de actividades de la misma. Y el fundamento teórico para esta ilegalización, como para todas las que la siguieron y cuya lista es interminable (HB, EH, EHAK, ANV, Jarrai, Segi, Gestoras, Egunkaria, Ardi Beltza, Egin…) fue, simple y llanamente, el “todo es ETA”: todo lo que formaba parte del “entorno” de ETA (fuese lo que fuese lo que ese término quisiera decir) era parte de ETA. Ya sólo era necesario señalar un medio de comunicación, organización, partido o colectivo de cualquier tipo, identificarlo con el “entorno”, detener a sus miembros acusados de pertenencia a banda armada aunque jamás hubiesen visto un arma e ilegalizar el partido, colectivo, organización o medio de comunicación.

Es curioso el paralelismo que existe entre este ex juez, estrella mediática alabada por una pseudo izquierda edulcorada y claudicante y Pietro Calogero, juez italiano afiliado al que en su día fue el partido comunista más poderoso de la Europa occidental, el PCI. Si el rutilante astro hispano, “adalid” de los derechos humanos (perdonen que contenga la risa) es el creador de esa deslumbrante teoría mencionada más arriba y conocida vulgarmente como “todo es ETA”, el señor (por decir algo) Calogero, a finales de los años setenta fue el artífice del conocido como “Teorema Calogero”. En un contexto de lucha social sin precedentes, con movilizaciones masivas, multitud de colectivos armados y un PCI desbordado por su izquierda por un movimiento autónomo y revolucionario como no se había conocido en Europa en los últimos cincuenta años, el “ingenioso” Calogero se anticipa más de veinte años a Garzón y decide que todo lo que sea el “entorno” (de nuevo la dichosa palabra) del movimiento revolucionario sea objeto de persecución y criminalización. Gracias a su notable imaginación, cientos de personas fueron encarceladas, perseguidas o se vieron obligadas a exiliarse.

En Euskal Herria, como hemos visto, se reproduce el mismo modelo un par de décadas después. Es en este contexto en el que debemos interpretar el “caso Bateragune”. No deja de ser paradójico que el mismo Garzón recoja en su auto que Batasuna llevaba tiempo trabajando para que ETA declarase una tregua y, hoy en día, excepto esa derecha cavernícola e ignorante, esa derecha meapilas que recuerda con nostalgia los cuarenta años de paz,  nadie duda de que entre los detenidos en Donostia estaban los artífices del cambio estratégico dado por la izquierda abertzale que desembocó en el abandono de las armas por parte de ETA. Y si esto es así ¿Por qué se les detuvo? ¿Por qué se trató de detener ese debate que ya estaba en marcha en el seno de la izquierda independentista? ¿Por qué se intentaron introducir palos en las ruedas en lugar de engrasarlas con abundante vaselina? Vayámonos por unos momentos al oeste de Europa, a la Irlanda de los seis condados hace más de veinte años. Allí, cuando en el seno del movimiento republicano se debatía el abandono de las armas, el gobierno británico, que nunca ha sido precisamente una monjita de la caridad sino más bien un gendarme malencarado dispuesto a reventarte la cabeza a porrazos, excarceló temporalmente a destacados presos republicanos favorables a los acuerdos de paz para que, con su ejemplo e influencia, escorasen los debates hacia el fin de la lucha armada. Evidentemente la acción del Estado británico era interesada y parcial, no excarcelaron a aquellos que defendían la continuidad de la lucha, pero sí facilitaron que se pudieran dar los pasos necesarios para poner fin a un conflicto armado prolongado en el tiempo y en un callejón sin salida aparente.

En Euskal Herria, la actitud del Estado español fue exactamente la contraria. En lugar de facilitar el debate, conscientemente lo dificultaron, en lugar de excarcelar, encarcelaron. Evidentemente el Sistema apostó por un escenario de represión con una izquierda abertzale diezmada y con gran parte de sus organizaciones ilegalizadas. Decidieron que era mejor mantener la ficción de un enemigo derrotado a un escenario pacificado, entre otras cosas porque el Estado español, al menos desde la derrota de la Segunda República ha necesitado siempre un enemigo para cerrar filas, para acallar disidencias, para tapar las grietas de un país cogido con alfileres y con numerosos desgarrones. Si durante la larga noche del franquismo el enemigo eran los anarquistas, los rojos, los separatistas, los ateos, los masones… eso que los cretinos del régimen denominaban la antiespaña, en la España de la transición y de la “democracia”, con una pseudoizquierda vendida e integrada en la misma, los enemigos debían ser otros. El monstruo que puebla todas las pesadillas pasa a ser ETA, el ogro de todos los cuentos que devora niños, el villano de todas las historias. ETA y, por extensión la izquierda abertzale, se utilizan para modular un pensamiento único y acallar disidencias. Surgen por doquier paniaguados que compiten por decir cada cual una burrada mayor que su vecino y recibir la prebenda correspondiente. Cualquier pensamiento alternativo es perseguido ya que la sombra de ETA es tan alargada que llega hasta a los rincones más insospechados… En este contexto, ¿alguien cree que el Estado iba a estar interesado en facilitar la desaparición de uno de los elementos que ha servido para darle mayor cohesión? De ahí que, cuando la izquierda abertzale decidió comenzar a dar los pasos para hacer un viraje estratégico y abandonar la lucha armada, no haya encontrado más que dificultades, dificultades que llegan hasta lo grotesco cuando las autoridades españolas y francesas ponían todo tipo de trabas a la entrega de esas mismas armas que siempre les han exigido que entregasen.

Volviendo al principio y, como no podía ser de otro modo, con los detenidos el 13 de octubre de 2009 se siguió el guion al pie de la letra. Los cinco fueron condenados en primer instancia a entre ocho y diez años de cárcel por “pertenencia a banda armada”, sentencia rebajada posteriormente a entre seis y seis años y medio de prisión y que los cinco han cumplido íntegramente (como curiosidad, el general Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, siendo excarcelado cuatro años después…). La semana pasada salió de la cárcel el último de ellos, Rafa Díez Usabiaga, exsecretario general de LAB, curiosamente el mismo día en que un grupo de fanáticos religiosos cometían un brutal atentado en Barcelona. El nuevo enemigoparatodo que el Estado necesitaba desde hace un tiempo ya lo tienen ahí, el terrorismo jihadista. Qué confundido estaba Heráclito… la realidad es más tozuda que su famosa frase, a la que habría que darle la vuelta: nada cambia, todo permanece.

Ongi etorri Rafa, y un saludo a todos los que sufren en las prisiones.

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